Montilla responde al guiño de Zapatero con la insumisión legislativa

Se trata de un ejemplo más de ese desacato con el que Montilla ha reaccionado ante un fallo que desde un principio avaló el Gobierno central, pero tras la manifestación proindependentista del pasado sábado, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a realizar un guiño a Cataluña mediante promesas de reconducción del asunto y de entrevista con Montilla la próxima semana en La Moncloa.

El gesto del líder del PSOE, que el presidente de la Generalitat cree insuficiente, fue expresado en el Debate sobre el Estado de la Nación, donde el «problema catalán» evidenció todavía más la debilidad del jefe del Ejecutivo. Tampoco ha logrado neutralizar a ERC, que en su descontrolada carrera hacia la independencia, está dificultando ese frente catalán —tripartito y CiU— pretendido por el máximo dirigente de los socialistas catalanes. Y, como se ve, a Zapatero se le ha ido de las manos el desarrollo estatutario. Al menos nueve leyes catalanas en vigor o pendientes de aprobación están afectadas por la sentencia.

El pasado 30 de junio, dos días después de que el TC hiciera público el fallo de la sentencia —el contenido íntegro se conocería diez días después—, la Cámara catalana aprobada el nuevo Código de Consumo y la ley del cine. Ambas normativas contemplan multas lingüísticas, la primera a los comerciantes que no rotulan sus establecimientos en catalán y la segunda, a los distribuidores que no doblan la mitad de las copias de las películas a ese idioma. Asimismo, la semana próxima está previsto que el Parlamento catalán apruebe la ley de veguerías, núcleo duro de la nueva ordenación territorial catalana cuestionado por el TC y que fue enmendada la semana pasada por el Consejo de Garantías Estatutarias. Curiosamente, este «tribunal constitucional a la catalana» creado en aplicación del Estatuto también está afectado por la sentencia.

Pero hay más leyes catalanas que, según los magistrados del TC, deben ser corregidas y que el Gobierno de Montilla —ayer lo confirmó el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura— tiene intención de dejar como están. La ley de inmigración, que ya está vigente, desarrolla el artículo 138 del Estatuto, donde se otorgan a Cataluña amplias competencias en esta materia que podrían en entrar en colisión con las del Estado, según el TC. Asimismo, el hecho de que el conocimiento del catalán se exija a los inmigrantes para acceder al sistema de acogida también contradice esa máxima del Constitucional, según la cual, la lengua catalana no es preferente en Cataluña.

Expertos de la Generalitat

En este sentido, algo parecido ocurre con la ley de educación, también en vigor y que fue impugnada por el PP ante el TC. La sentencia cuestiona el artículo 35 del Estatuto, que inspira la ley, según el cual «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán», idioma que «debe usarse como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria». En el informe jurídico encargado por la Generalitat se asegura que la sentencia del TC salva la inmersión lingüística que avala esa ley.Tampoco es constitucional, según el TC, pero está vigente, la ley del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, al que se otorga exclusividad en Cataluña. Finalmente, la polémica ley de consultas populares, gestada por ERC con la confesa finalidad de convocar un referendo sobre la independencia, fue aprobada hace meses. El Alto Tribunal también la ha rechazado.