Moncloa se lava las manos y carga a Albares la orden de llevar el catalán a la UE

El ciudadano solicitante requería al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministerio que encabeza José Manuel Albares «copia de las instrucciones, órdenes o cualquier otra documentación remitida por Presidencia del Gobierno solicitando la presentación ante la UE de la solicitud de cooficialidad de las lenguas gallega, vasca y catalana en la UE».

Sin embargo, mientras Presidencia ha inadmitido la petición alegando que «no obra en poder de este órgano la información solicitada» y que «la competencia para planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado la ostenta el Ministerio de Asuntos Exteriores», el equipo de Albares ha objetado que «se trata de comunicaciones internas entre órganos que quedarían fuera del ámbito de la Ley de Transparencia». Es decir, que mientras Moncloa intenta dejar a Sánchez al margen de la decisión y descargar toda la responsabilidad en Albares, el equipo de éste viene a admitir que sí existió orden desde Presidencia. Y es que la petición remitida a la UE fue parte del pacto alcanzado por el Gobierno con el partido de Carles Puigdemont, Junts, para que éste apoyara la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso el pasado mes de agosto. Albares no fue uno de los negociadores. La respuesta de Moncloa la firma la directora del departamento de Coordinación Técnica de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez, mientras la de Exteriores aparece rubricada por el director del gabinete del ministro, Diego Martínez Belío.

Además de solicitar las órdenes de Presidencia a Exteriores sobre el catalán, el euskera y el gallego, la petición particular de información requirió al presidente del Gobierno «copia de los informes jurídicos o de cualquier otro tipo» que «avalen» que la solicitud del Gobierno sobre la incorporación de las lenguas cooficiales al régimen lingüístico de la Unión «es conforme a la Ley del Gobierno» así como «copia de la acreditación expresa de las razones de urgencia o interés general que justifican la adopción de tal petición». Presidencia también ha rechazado facilitar esta documentación con el argumento de que no tiene tales documentos en su poder.

En el caso de Exteriores esta segunda petición era distinta y requería «copia del escrito presentado ante la UE en solicitud de cooficialidad de las lenguas gallega, vasca y catalana» así como «copia de los registros de salida del Ministerio de entrada en el Registro de la UE». Pero también el departamento de Albares ha rechazado entregar estos documentos. En este caso argumentando que la información solicitada «versa sobre un asunto pendiente de decisión por parte del Consejo de la UE y, por tanto, fuera de los límites al derecho de acceso a información pública» según la Ley de la Transparencia.

Efectivamente, este texto establece determinadas fronteras para la publicación de información en poder del Gobierno, y las causas aducidas tanto por Exteriores como por Presidencia son algunas de las enumeradas en la ley. Cuestión distinta es si esos límites son de aplicación en este caso, máxime a la vista de las contradicciones expuestas. El solicitante dispone de dos meses para recurrir por vía contencioso-administrativa la utilización que el Gobierno ha hecho de los límites de la Ley de Transparencia, y también puede interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia en el plazo de un mes. En este caso, este órgano pedirá alegaciones tanto a Presidencia como a Exteriores antes de resolver el recurso.

Hasta la fecha, solo se ha conocido la existencia de un informe realizado por la Abogacía del Estado a petición de Exteriores en torno a la solicitud cursada ante el Consejo de la UE. En concreto se preguntaba si Albares tenía competencia suficiente para remitir la citada petición a Bruselas - dado que el Gobierno se encontraba en funciones en ese momento- y en si el régimen lingüístico de la UE puede modificarse. El documento, firmado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, sostiene que el ministro de Exteriores tenía competencia para hacer la petición y que las lenguas de uso en la UE pueden modificarse. No obstante, la Constitución establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «las demás lenguas españolas serán también oficiales pero en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

La reunión del Consejo Europeo del pasado martes demostró que el ministro Albares actuaba en una extraña condición de representante de España, en una reunión presidida precisamente por España.

Según consta en el registro de la Reunión que elabora la secretaría general del Consejo, era el secretario de Estado para Europa, Ignacio Navarro, quien estaba al frente de la reunión, dado que se trata del semestre español y a los consejos de Asuntos Generales asisten normalmente funcionarios de este rango, cuando no existe el cargo de ministro de asuntos europeos.

La utilización torticera que ha hecho el ministro de Exteriores de su posición se había revelado ya en el circunloquio burocrático utilizado: el ministro español de Exteriores envió una carta a la presidencia española para pedir que se incluyese el tema de las lenguas regionales en el orden del día del primer consejo de Asuntos Generales, con la propuesta expresa de que se votase, a pesar de que no había pasado por ningún órgano preparatorio ni se habían pedido los informes pertinentes. Una de las reglas de la presidencia es precisamente que el país que la ejerce debe abstenerse de utilizar su posición para promover asuntos meramente particulares, para evitar que este ejercicio semestral se convierta en un mecanismo estéril si todos los gobiernos hacen lo mismo.

Albares se empeñó en ser él mismo quien presentaba la propuesta en el Consejo de Asuntos Generales y esta gestión tan forzada obligó entonces a que fuera el propio presidente de la reunión y subordinado suyo, el secretario de Estado, el que decidiera que no se podía votar la propuesta ante las reticencias de casi todos los países y que había que devolverla a las instancias anteriores, que es la manera más corriente de demostrar que no existen posibilidades de aprobar esta propuesta.