Marlaska, en el ojo del huracán de nuevo por la tragedia de Melilla

Tras visitar la zona y comparar con los vídeos de aquel día, el equipo de Africa Eye de la cadena de televisión británica concluyen que había muertos en zona controlada por España, aunque Interior siempre ha afirmado lo contrario

El cerco al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se estrecha de nuevo sobre él tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo. Cinco meses después de la tragedia en la valla de Melilla, que se cobró la vida de al menos veinticuatro inmigrantes en el paso transfronterizo con Marruecos, sigue habiendo muchas incógnitas sobre la gestión realizada aquel día por las autoridades de ambos países.

Al ministro Grande-Marlaska le persiguen sus explicaciones en sede parlamentaria, tres meses después de los sucesos, cuando el pasado septiembre garantizó que ninguno de los fallecidos se encontraba en territorio español. El documental emitido esta semana por la BBC contradice la versión del Gobierno y sitúa de nuevo en el ojo del huracán al titular de Interior, muy cuestionado tanto por la oposición como por sus socios, incluido Podemos.

Anteayer, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, hicieron sonar las alarmas en el Gobierno de coalición al exigir explicaciones al ministro. Una pinza que completaban EH Bildu en la izquierda, que ya advirtió de que iba e registrar nuevamente una comisión de investigación -la anterior la tumbó el PP, en desacuerdo con ella por poner el foco sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, y el PP en la derecha, al reclamar la comparecencia urgente del ministro ante el Pleno del Congreso y la remisión de las imágenes de las que dispone el Ministerio del Interior.

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Ayer, un total de nueve partidos ya registraron esa comisión de investigación, liderada por Bildu y suscrita por Unidas Podemos, ERC, Junts, PDECat, Más País, CUP, Compromís y BNG. El PNV, disconforme con parte de la redacción de la propuesta según fuentes consultadas por ABC, no sumó su firma porque era partidario de esperar a la visita a Melilla que hará el lunes la Comisión de Interior. Según ha podido saber este diario, Vox no acudirá porque entiende que tiene por objeto «cuestionar el trabajo» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y «alentar el efecto llamada».

El foco está ahora puesto en el PP, que deberá decidir si respalda la comisión -o impulsa una propia- o si vuelve a votar en contra. Los populares de momento dejan abierta la puerta a todas las posibilidades, a la espera de visualizar las imágenes y escuchar al ministro. Ciudadanos, por ahora, ya avisa de que respaldará la comisión de investigación si Grande-Marlaska no es capaz de aclarar lo sucedido. Fuentes de este último partido remarcan que cuestionar a la cúpula de Interior no pone en entredicho ni a la Policía ni a la Guardia Civil.

El ministro del Interior tiene también pendiente una comparecencia pedida por el Parlamento Europeo. El eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar, que preside la Comisión de Libertades asegura que Grande-Marlaska se ha comprometido a comparecer «en cuanto se completen las investigaciones» sobre los sucesos de Melilla, como han hecho ministros como los de Grecia, Croacia o Eslovenia. De todos modos, López Aguilar recuerda que «no se trata de un hecho de control político como sucede en los parlamentos nacionales» sino de un acto de carácter informativo. Ello no obsta para que los diputados de otros partidos le reprochen lo que consideren oportuno.

Un Juzgado de Instrucción de Ceuta tiene abierta una causa por la expulsión exprés a Marruecosde 55 menores no acompañados en agosto del año pasado, después de que la Secretaría de Estado de Seguridad diese luz verde en un email a la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. La ya exdelegada, Carmen Mateos, está imputada, igual que la número dos del gobierno ceutí, Mabel Deu, por una presunta prevaricación en la ejecución de las entregas obviando la legislación de extranjería. Ambas, en sus declaraciones, señalaron a que la iniciativa procedió del Gobierno central y que trabajaron en coordinación para desarrollarla.

En este asunto, desencadenado por una querella de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, el Ministerio del Interior se ha visto salpicado por toda la gestión ya desde el momento en que las ONG dieron la voz de alarma por lo que estaba ocurriendo con los menores aquel verano y el ministro Fernando Grande-Marlaska interrumpió sus vacaciones para declarar en una entrevista que las entregas se estaban ejecutando mirando siempre «en beneficio del menor». Un Juzgado de lo Contencioso de Ceuta paralizó ya entonces el proceso y después acabó condenando a la Delegación del Gobierno y la ciudad autónoma a emprender acciones para traer de vuelta a los 55 que habían sido expulsados.

Ahora, lo que se dirime es la responsabilidad penal. Mateos, representada por la Abogacía del Estado, ha pedido el archivo por razones de salud. El último en prestar declaración y como testigo ante el Juzgado ha sido el secretario General de la Delegación del Gobierno, esta semana. Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, declaró que cuantas comunicaciones se intercambiaron con Interior por la aplicación de un convenio con Marruecos para la repatriación de los menores eran asumidas en su departamento como órdenes y/o instrucciones.

No obstante, la Audiencia Nacional, adonde recurrió una ONG por el papel que habría jugado el departamento de Marlaska ya descartó que aquellas notas, enviadas sin firma pero con el membrete de la Secretaría de Estado, tuviesen la condición de resoluciones administrativas dignas de causar un efecto o poder ser impugnadas. La vía de las responsabilidades administrativas se zanjó en este punto y se resolvió afectando sólo a la Delegación. Queda por resolver las penales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lleva camino de pasar a la historia como el que ha provocado el mayor rechazo de las Fuerzas de Seguridad de la historia democrática, si es que nos atenemos al número de protestas masivas convocadas contra su departamento.

Si hace un año decenas de miles de policías y guardias civiles salieron a la calle para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora el SUP y la AUGC -dos de las organizaciones más importantes de ambos Cuerpos- han convocado una nueva manifestación en Madrid para reivindicar el derecho a la jubilación anticipada, una jornada laboral de 35 horas y la reclasificación a la categoría B de las escalas básicas de ambos Cuerpos.

Pero más allá de las peticiones concretas, a los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil les indigna el menosprecio al que, según las organizaciones, les somete el ministro Marlaska. En la rueda de prensa del miércoles pasado, en la que se dio a conocer la manifestación, tanto la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, como el de la AUGC, Juan Fernández, explicaron que se habían dirigido por escrito al titular de Interior y solo habían recibido la callada por respuesta. «No estamos dispuestos a ser los parias», aseguran; «vamos a estar en pie de guerra hasta que nos reciban», añaden.

Mientras tanto, el otro caballo de batalla de los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas de Seguridad, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sigue atascada en el Congreso a pesar de que fue una de las promesas del ministro del Interior.

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M. Martínez

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Y es que sigue sin haber consenso en lo más polémico: uso de material antidisturbios, devoluciones en caliente, presunción de veracidad del testimonio de los policías tras algunos incidentes… En general, los pretendidos cambios que motivaron que miles de policías se pusieran de acuerdo para movilizarse por las calles de Madrid.

Cada cierto tiempo este asunto vuelve a la actualidad y se asegura que los trabajos avanzan, pero pasan los meses y el PSOE no es capaz de ponerse de acuerdo con sus socios de investidura, que quieren ir mucho más lejos en la reforma que los socialistas.

«El PSOE tiene claro que las sanciones deben seguir en la ley, pero algunas tienen que ser leves. Si se cometen hechos violentos, tiene que haber un responsable», insisten fuentes socialistas respecto al régimen sancionador. Para ellos es innegociable sacar las devoluciones en caliente de la seguridad ciudadana y llevarlas a la ley de Extranjería. Mientras el PP, Cs y Vox están cómodos con esta situación, porque no ven clara la reforma.

Las relevaciones sobre lo ocurrido el pasado junio en la valla de Melilla, y las explicaciones que ya solicitan a derecha e izquierda, desde el PP a Unidas Podemos suponen además de un nuevo señalamiento a la gestión de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, un escollo sobrevenido a sus opciones de ser el elegido como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, en las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Su nombre se mantiene en las quinielas, más aún después del retrato robot del elegido que dibujó hace poco el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. El secretario general del PSM habló de alguien que, para aterrizar en la capital de España con el objetivo de tratar de arrebatarle el bastón de mando al popular José Luis Martínez-Almeida, abandonaría un puesto relevante. Una definición en la que encajaría Marlaska, pero también otros compañeros del Consejo de Ministros como las titulares de Justicia y Defensa (las otras dos juezas que forman parte del Gabinete) Pilar Llop y Margarita Robles, aunque estas dos últimas se han descartado, incluso en público.

Sin embargo, el nombre de Marlaska lleva tiempo lastrado por todo lo relativo a la relación con Marruecos y a los sucesos que han vivido en los dos últimos años las ciudades autónomas. En la crisis de gobierno efectuada por Sánchez en el verano de 2021 era de los que más papeletas tenía para salir del Ejecutivo, en el que es uno de los permanece desde el primer Gobierno Sánchez, el que designó en 2018 después de arrebatarle la Presidencia a Mariano Rajoy mediante una moción de censura.

Ya entonces su figura había estado en entredicho por la crisis migratoria en Ceuta, que en apenas días se vio desbordada por la llegada masiva de marroquíes, después de que Rabat relajase los controles fronterizos en el contexto de la crisis por la acogida en España de Brahim Gali, el líder del Polisario. Pero Sánchez decidió mantenerle en el cargo, antes de emprender un giro copernicano en las relaciones con el país vecino.

Ahora su figura ha perdido fuelle como posible rival de Almeida, como confirman fuentes del PSOE. Aunque por otro lado su ciclo en el Ejecutivo de coalición, donde no son pocas las polémicas que le han salpicado, parece cada vez más agotado.