El PSOE negocia contra el reloj con sus socios para salvar la ley de Vivienda

El PNV y PDECat son socios habituales del Ejecutivo socialista pero no son los únicos del bloque a los que se les indigesta el nuevo texto de vivienda. El Gobierno tampoco puede contar esta vez con el apoyo de ERC, que ha presentado una enmienda de texto alternativo para intentar sustituir el proyecto. Los socialistas intentan que los republicanos no pasen de aquí y se limiten a defender la redacción alternativa que han presentado, sin unirse al bloque que pide la devolución. Si no lo consiguen, el texto estará condenado. No en vano, PP, Ciudadanos, PNV, Junts y PDECat van a recibir la adhesión de otros partidos como Vox o Foro, que vienen mostrando su rechazo a una ley calificada como intervencionista desde múltiples ámbitos. El Ejecutivo, en cambio, no logra apoyos claros de momento más allá de Compromís. EH Bildu no desvela su posición y entre los grupos pequeños Coalición Canaria, BNG o el PRC aún están valorando su voto.

Este último partido exige al Gobierno que se comprometa a admitir enmiendas y cambiar varios puntos de la ley durante el trámite parlamentario. Así las cosas, los votos a favor de tumbar la nueva ley ascienden ya a 164 (88 de PP, 52 de Vox, 9 de Cs, 6 de PNV, 4 de PDECat, 4 de Junts y 1 de Foro), frente a los 154 en contra (153 de PSOE y Podemos, 1 de Compromís).

Los socialistas confían en salvar el trance pero lo cierto es que tendrá que elevar sus esfuerzos porque las posiciones de sus socios, hoy por hoy, están alejadas. La crítica más repetida es que la nueva ley invade competencias que son autonómicas , como ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial. El PNV habla de un «evidente exceso» por parte del Gobierno mientras el PDECat denuncia una invasión competencial. La Moncloa, por su parte, presiona advirtiendo que esta ley ha sido incluida en el plan de reformas asociado a la recepción de fondos europeos.

En cuanto a los grupos que intentan echar abajo la ley, el PP añade que es «marcadamente intervencionista» y que «ataca» el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa. Sostiene, además, que la ley es «claramente» lesiva para los derechos e intereses de los ciudadanos, y perjudicará tanto a los inquilinos como a los propietarios. Siguiendo este hilo, llega a acusar al Ejecutivo de blanquear la okupación.

Ciudadanos recala en esa misma idea de que el nuevo texto supone un ataque a la propiedad privada por incluir medidas como la regulación de los precios de los alquileres o las subidas del IBI para aquellos inmuebles que estén vacíos. Junts argumenta que el proyecto es «una absorción competencial, total, forzada y artificial».