María Jesús del Barco: «Pedir que García Ortiz no acuda al acto es defender el Estado de derecho»

-¿Qué ha llevado a la APM a encabezar la firma de este escrito?

- Una situación insólita. No nos parece normal ni respetuoso con el Estado de derecho que una persona contra la que se va a abrir juicio oral se siente al lado del Rey y vaya a dirigir un discurso a jueces y fiscales. Con respeto absoluto a la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano, Álvaro García Ortiz está causando un enorme daño a la institución.

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-Desde el entorno del fiscal general se hace hincapié en que está en el ejercicio de sus funciones y de sus facultades y que tiene la obligación de acudir y de pronunciar este discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía.

-Es verdad que la apertura del año judicial se hace con su presencia, pero podría delegarla en otra persona. Hace mucho tiempo que pedimos ya que dimitiera, porque no nos parece razonable que quien tiene otorgado el ejercicio de la acción penal en nuestro sistema constitucional aparezca imputado o investigado en un procedimiento. Si hubiera dimitido para mantener el buen nombre y la imagen de la institución, no nos habríamos encontrado con este problema.

-¿Cómo se fraguó este comunicado? ¿Quién tomó la iniciativa?

-Nosotros (la APM), al ver que llegaba el viernes (hoy) y que el fiscal general piensa acudir al acto sin haber dimitido dando lugar a esta situación tan bochornosa. Yo hablé con todas las asociaciones a excepción de Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que sabía que no lo iban a apoyar.

-¿Pensaban que había alguna posibilidad de que García Ortiz dejara su cargo antes de la apertura del año judicial?

-Nosotros desde luego llevamos mucho tiempo pidiendo su dimisión por el bien de la institución; no es nada personal contra él. Pero viendo que no ha dimitido y escuchando las palabras del otro día del presidente del Gobierno defendiéndole y diciendo que actúa por el bien de la justicia y que es inocente, pues hombre, hemos constatado que desde luego no iba a dimitir.

-¿Han tenido que ver algo las declaraciones de Sánchez del lunes en TVE atacando a los jueces? Lo cierto es que les dedicó su primera intervención pública después del verano...

-A las palabras del presidente, aparte de desafortunadas, por desgracia ya estamos acostumbrados. El comunicado se ha decidido en estos dos días porque en agosto todo el mundo estaba fuera (en la justicia es un mes inhábil) y la apertura del año judicial es mañana (por hoy). No había otro momento.

-Como ustedes, diez vocales del Consejo han pedido que García Ortiz no vaya a este solemne acto y que, además, el ministro Bolaños no comparta estrados con la cúpula judicial por amparar los ataques del Gobierno a los jueces. ¿Cómo valoran desde la APM esta iniciativa?

-No nos parece descabellado. Se va a celebrar el acto de apertura del año judicial en cada uno de los tribunales superiores de justicia y allí, en estrados, desde luego no está ni el presidente de la comunidad autónoma, ni el consejero o consejera que lleva Justicia. Se sientan abajo, entre el público, como precisamente hizo Bolaños ayer (el miércoles) cuando tomaron posesión Martínez Arrieta y Pablo Lucas.

-¿Creen que por parte del Ejecutivo hay una estrategia de deslegitimación de la justicia?

-Rotundamente sí. Y además no solamente de esa deslegitimación verbal a través de las diferentes declaraciones que escuchamos cuando acaba la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, o esa deslegitimación que vemos en manifestaciones que miembros del Gobierno hacen desde el Congreso o en las redes sociales. La legislación que se está aprobando en los últimos tiempos, o algunos proyectos de ley que están todavía en tramitación parlamentaria, obedece a este mismo fin de deslegitimar la función de los jueces.

-¿Cree que esos ataques se han incrementado desde que se ha visto más amenazado el entorno del presidente del Gobierno?

-Sí, desde luego que sí, que es evidente, ¿no? Cómo se han atacado personalmente, con nombres de apellidos, a Beatriz Biedma y a Juan Carlos Peinado por investigar a familiares del presidente. Eso es así. Se habla de ellos como prevaricadores, y además de forma abierta.

-¿Han valorado ustedes que con la firma de este comunicado se puede dar alas a quienes dicen que los jueces hacen política?

-Pues es que siempre se dedican a decir que los jueces hacemos política. Tanto cuando sacamos un comunicado como cuando no lo hacemos valoramos todas las consecuencias. Hay quien dirá que es una provocación; lo dirá quien interprete el papel de la Fiscalía General como una cuestión política. Nosotros desde luego no lo vemos así. El Estado de derecho no es una cuestión política por más que se pretenda vincular con la ideología política a quienes defendemos la independencia judicial y nuestro sistema constitucional. Es una obligación de todos los servidores públicos, de quienes tenemos una responsabilidad pública y de quienes formamos parte de un poder del Estado. Es obligatoria la defensa del Estado de derecho y del sistema democrático.