Malestar en el CGPJ por las acusaciones de Irene Montero: «El informe sobre el aborto no se hace en 15 días»

Todo, por cuenta de la tramitación parlamentaria de su reforma de la legislación del aborto, que inicia su andadura parlamentaria sin el informe preceptivo del CGPJ porque Montero, que tardó algo más de un mes en solicitar los dictámenes desde que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en primera vuelta, lo reclamó de urgencia y no quiso conceder la prórroga de plazo que se le solicitó.

El malestar ayer era evidente en un CGPJ que no se reúne hasta el 8 de septiembre y que entre tanto se defiende como puede del chaparrón. Fuentes de este organismo incidían en que los dictámenes son técnicos, «que no ideológicos», y, en todo caso, «no se elabora un informe de una ley así en 15 días».

Y por «así» se refieren a que afecta profundamente a derechos fundamentales, no sólo de la gestante y el embrión, que el aborto libre en las primeras 14 semanas ya está en la ley vigente: toca aspectos como la patria potestad porque las menores no requerirán consentimiento paterno para interrumpir el embarazo o la objeción de conciencia de los facultativos que habrán de inscribirse en un registro.

«Es imposible en ese plazo», zanjaban las fuentes consultadas en este organismo, reacias a entrar en una batalla dialéctica con el resto de acusaciones de la ministra, que ayer tuiteaba los artículos de la legislación que marcan 15 días para el informe preceptivo en los anteproyectos que se tramitan con carácter de urgencia. Una urgencia, por cierto, que a ninguna de las fuentes consultadas le parece suficientemente justificada.

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La misma norma contempla las prórrogas y con el Servicio de Estudios e Informes del Consejo saturado -siete informes sobre la mesa cuando llegó el del aborto y siete más entraron después, como el de la ley de secretos oficiales- y siendo una materia tan sensible, se daban las circunstancias para ampliar el margen. Algunas fuentes sospechan que las prisas son por la posible resolución en el Constitucional de los recursos contra la ley de plazos vigente. Un pronunciamiento que, 12 años después, parece cercano.

«Conocen la ley, saben cuáles son sus plazos, y no han hecho su trabajo», añadía Montero. Apostilló que en el caso de que el CGPJ «decida por fin hacer su trabajo y hacer su informe», se incorporará al expediente. «Al final es una crítica facilona -comentaba una fuente del CGPJ-, interesa la bronca por la bronca». No obstante, no se le quita importancia y menos después de que Europa le dijese a Polonia que el Gobierno debía abstenerse de críticas y valoraciones en público que menoscabasen la imagen de los jueces; una violación de las normas elementales del Estado de derecho.

El Consejo Fiscal tampoco ha presentado informe al anteproyecto en tiempo y forma, pero las iras de la ministra se han centrado en exclusiva en el órgano de gobierno de los jueces. En su caso, se debió a que la teniente fiscal que sustituía a la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante su baja médica, no convocó ninguna reunión del Consejo para repartir entre los vocales los anteproyectos que hubiesen entrado. Cuando el 29 de junio se convocó el último Consejo Fiscal, en el que tomaron posesión los nuevos vocales electos y se repartió el trabajo, quedaba un día para el vencimiento del plazo.

Fuentes de este organismo asisten con estupefacción a la maniobra de Igualdad, ya no sólo por la crítica feroz al CGPJ sino porque entienden que en realidad, preferían seguir adelante sin darles la oportunidad de un informe que tal vez resultase un varapalo. Y eso, entiende una de las fuentes consultadas, es una torpeza porque considera que no es este un gobierno al que le sobren las indicaciones de los juristas. Habla de una técnica jurídica «deficiente», y de unos anteproyectos, desde ese prisma, «muy pobres». Uno de los vocales del CGPJ consultados por ABC está de acuerdo con ese sentir, y apunta directamente al Ministerio de Igualdad.

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No es la primera vez. El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias acusó al entonces titular de Justicia, Juan Carlos Campo, de bloquear la conocida como ley del 'sí es sí' promovida por Igualdad utilizando «excusas técnicas» que lo que encubrían era «mucho machista frustrado».

Campo no entró en el cuerpo a cuerpo, pero cuando el texto llegó por fin al Consejo de Ministros y en ciernes del Día Internacional de la Mujer, como quería Montero, Campo se ocupó de dejar claro ante los medios que no se había producido ningún bloqueo sino un proceso «ordinario» de «mejora» del anteproyecto. Habló, en concreto, de que en su departamento lo que se había procurado es que la norma, que modifica el Código Penal, «tuviera los afinamientos propios para su mejora». Fuentes de Justicia comentaban que el texto que había llegado de Igualdad «no había por dónde cogerlo».

Mientras, en las asociaciones de jueces asisten a la polémica con cierto hartazgo, pues no es la primera vez, «ni será la última», comentan, que desde el Gobierno se carga contra el Consejo. Y aunque algún reproche hay para el órgano, como la ausencia de portavocía que explique a los ciudadanos cómo funcionan realmente estos procesos, se centran en que es más fácil y rápido insultar al CGPJ que elaborar un dictamen técnico. «Al final es una ley que afecta a derechos fundamentales y no se entiende de dónde viene la urgencia», comenta María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria.

Se pregunta qué razones habrá para que Igualdad haya negado una prórroga, «algo que se pide y acuerda continuamente porque es lo normal, que en 15 días no se hace un informe sólido y de contenido jurídico sobre una ley tan importante». «¿En algo que afecta de una forma esencial al ser humano no tenemos un informe técnico? No se entiende», zanjaba.

«A lo mejor es que los plazos son ilusorios y a lo mejor lo que está mal es el plazo», añadía Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. «Es lo que pasa cuando legislas cosas imposibles, que es difícil cumplirlas», apuntaba. De ahí, la importancia de los informes técnicos como este que ahora no llega a tiempo del CGPJ. Mientras, el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, añadía que la ausencia del dictamen «pone en duda la eficacia de la norma y está dando una excusa a todos los que no estén de acuerdo para recurrirla».