Igualdad negó al CGPJ más tiempo para estudiar la reforma del aborto

TextAyer se aprobó el proyecto de ley sin esos dictámenes que tratan de corregir errores en el contenido de las normas. El escenario ahora es incierto, porque las fuentes consultadas reconocen que «se ha desvirtuado» su función, pero aún no está claro si la petición decae o los jueces darán igualmente su opinión aunque la norma haya iniciado su andadura.

Mismo escenario se abre en el Consejo Fiscal, donde la baja médica de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la convocatoria de elección de vocalías dificultaron la emisión de su informe. El Consejo actual se conformó el 29 de junio y para entonces, el plazo estaba cerca de vencer. Inciden en que no es nada habitual prescindir de este trabajo jurídico previo en la elaboración de las leyes, si bien la norma que rige el Gobierno lo permite «cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente». Los informes, señala la norma, se pueden incorporar después.

En rueda de prensa en La Moncloa, Irene Montero admitió ayer abiertamente que las asociaciones provida o cualesquiera contrarias a la posición gubernamental sobre el aborto no han participado en el proceso de negociación y redacción del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En un año de trabajo en el que sí han intervenido asociaciones representativas del feminismo, «no hemos contado -deslizó la gruesa acusación- con ninguna asociación contraria a los derechos humanos».

No fue el único desahogo de la titular de Igualdad ayer. Momentos antes de comenzar el Consejo de Ministros que analizaba en segunda lectura el texto confeccionado por su ministerio con cinco departamentos (Sanidad, Educación, Inclusión y Seguridad Social, Hacienda y Justicia) concedió una entrevista a RNE donde acusó a los miembros del Poder Judicial de «no hacer su trabajo y demorar los plazos de una ley» que ya se han cumplido. La crítica es idéntica a la que el pasado invierno vertió a este organismo por retrasar su dictamen al anteproyecto de la 'ley Trans'. Cuando lo hizo, el CGPJ asestó un contundente varapalo a ese articulado que tampoco gustó a la responsable de Igualdad.

Fuentes del CGPJ tachan de «injusta» esa acusación. Recuerdan que entre enero y julio han sacado adelante diez informes de anteproyectos de ley enviados por el Ejecutivo de Sánchez y algunos, con el mismo carácter de urgencia que el del aborto. Nombrar vocales, que elaboren dictamen y se alcance consenso lleva su tiempo, sobre todo en una materia tan sensible como la que aborda esta ley; aborto libre dentro de las primeras catorce semanas de embarazo a toda mujer y trans con capacidad de gestar desde los 16 años y tengan o no discapacidad.

Varios cargos de Unidas Podemos, el último la portavoz Isabel Serra, vienen incidiendo en que «no se podía esperar más», aunque no han explicado las razones. En Igualdad confían en que la ley sea una realidad antes de que acabe el año. «No podemos paralizar las leyes a la espera del Poder Judicial», dijo Montero en la radio.

Por eso llamó tanto la atención que ayer comenzase por agradecer «a todos los organismos del Estado que han emitido sus informes» su valoración sobre esta ley, que modifica la legislación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2010, y entierra el consentimiento que introdujo el de Mariano Rajoy para las menores en 2015. «La derecha destruye derechos y atenta contra el 50% de la población, que somos las mujeres; mientras nosotros ampliamos esos derechos», continuó la ministra. Según ella, son derechos conquistados por este Gobierno «de coalición progresista y feminista», dijo, «el derecho a la salud menstrual, a la educación sexual integral en todas las etapas educativas, así como al acompañamiento en el preparto y el embarazo».

La ministra sintetizó la norma en dos pilares: la red sanitaria pública debe garantizar el aborto de una mujer en atención siempre al criterio de cercanía; y, en segundo lugar, se incluirá la educación sexual obligatoria que «legitime la diversidad» de los jóvenes en todas las etapas de la enseñanza. Igualdad se propone con ello revertir el dato de que el 70% de los alumnos confiesan informarse sobre aspectos de su vida sexual en internet o por conocidos. Tampoco -reconoció Montero ante la atenta mirada de la ministra de Justicia, Pilar Llop- se castigará penalmente la gestación subrogada ni se perseguirá a quienes la contraten.

La ministra se hizo eco de la trascendencia de dos medidas que incorpora la norma: la eliminación del periodo de reflexión de tres días previo a abortar y del sobre informativo sobre ayudas a la maternidad que antes era imperativo recibir. «El Estado la respeta, no duda de su decisión», dijo Montero.

La propuesta de Igualdad, que ahora deberán debatir y enmendar los diputados en su tramitación parlamentaria, recoge la distribución de anticonceptivos gratuitos en cárceles, colegios y centros asistenciales. En esos mismos lugares se van a procurar compresas, tampones y copas menstruales a quienes los pidan, tratando de «erradicar la pobreza menstrual», manifestó Montero. La ley incorpora la baja por reglas incapacitantes, pagadas por el Estado desde el primer día: «Se acabó ir a trabajar con dolor», exhortó.