Aído sí concedió dos prórrogas al Poder Judicial para analizar la primera ley de plazos

Mientras Montero tardó un mes en enviar el anteproyecto a los órganos consultivos, se acogió a la vía de urgencia –sin que aún estén claras las razones de la misma– y negó al Consejo General del Poder Judicial una prórroga que le diese más de 15 días para estudiar los cambios y emitir un informe técnico, Aído esperó hasta mes y medio con tal de tener la valoración jurídica. Concedió dos prórrogas sucesivas. Y sin acusar a los jueces de «no hacer su trabajo».

Se trataba de una ley polémica ya desde el anuncio de que se elaboraría que cambiaba el sistema de supuestos que amparaban la interrupción del embarazo por uno de plazos: aborto libre sin dar explicaciones en las primeras 14 semanas legal en todas las mujeres, incluidas las chicas de entre 16 y 17 años, que no necesitarían consentimiento paterno para abortar. Recogía una batería de iniciativas de educación sexual y una regulación específica de la interrupción del embarazo después de esas 14 semanas. Es la norma que está vigente en la actualidad, sin que 12 años después de su promulgación en 2009 el Tribunal Constitucional se haya pronunciado.

La vocal del Consejo a cargo de aquel informe fue Margarita Uría y su dictamen, aunque contenía serias objeciones especialmente en lo tocante al aborto de las menores de edad, avalaba la ley en términos generales. En este tipo de trabajos, que son técnicos y no ideológicos, lo que se prima es la calidad de la norma en su aplicación y encaje en el ordenamiento global.

El Consejo Fiscal había apuntado, por ejemplo, visos de inconstitucionalidad. Se elaboran en el servicio de Estudios e Informes del CGPJ bajo la supervisión del vocal o vocales designados ponentes y después, se somete a consideración del resto para alcanzar consensos. El trabajo de Uría no logró aquel quorum: diez votos a favor, diez en contra y la abstención de un vocal que prefirió no votar porque encontraba muchas «lagunas legales». Tampoco prosperó el informe alternativo de otro vocal, Claro José Fernández. Finalmente, el CGPJ informó al Gobierno de que no podía presentar un dictamen. Ahora, está por ver si se confecciona aunque el texto haya iniciado su andadura.