Pulseras antimaltrato defectuosas en Madrid: fallos al mojarse y el mismo pitido para baja batería y agresor cercano

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, convocó ayer una reunión extraordinaria del Observatorio regional, órgano que preside, tras la alarma social desatada por el mal funcionamiento de unas pulseras que deberían proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género, pero que al final sirvieron a los agresores para burlar la vigilancia y la seguridad de las afectadas. En la reunión estuvieron también la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, vicepresidenta en el Observatorio, así como representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Madrid y sindicatos.

En Madrid se han detectado 40 posibles casos de fallos en las pulseras antimaltrato: seis en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia 112 y otros tres que se han comunicado al 012 Mujer. En el Observatorio son conscientes de que los casos detectados «son una pequeña muestra de lo mucho y grave que ha ocurrido en Madrid y en España».

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El consejero y presidente del Observatorio ha descrito algunos de los defectos que se han detectado y de la «grave situación» de la que han alertado los expertos y los profesionales. «Son datos escalofriantes», confesó el consejero de Presidencia. En primer lugar, se ha constatado que se contrató con un proveedor «sin experiencia previa». Se trataba de dispositivos «que se podían adquirir a través de plataformas de comercio de China» que «no podían acreditar experiencia y que no tenían calidad suficiente» para cumplir los objetivos de seguridad. Según se ha comprobado, eran pulseras que fallaban «de manera recurrente». Los errores eran «continuos» y no puntuales, «como algunos quieren hacer ver», lamentó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Ayuso.

Algunos fallos detectados parecen inverosímiles, dada la importancia que tenían esas pulseras para proteger a las mujeres ante los maltratadores, pero increíblemente son ciertos, según los casos descubiertos hasta ahora en la Comunidad de Madrid: los dispositivos se podían quitar con facilidad, fallaban cuando se mojaban, el pitido del fin de batería era igual que el pitido de alerta ante la cercanía del agresor, lo que creaba una confusión «muy grave» a las víctimas... Pero aún había más defectos: se han producido fallos de geolocalización, no se ofrecían los datos correctos o bien se perdían. Además, algunos de esos dispositivos se podían quitar con facilidad por parte del agresor, lo que originó situaciones indeseables y peligrosas. También se produjo un tiempo de respuesta insuficiente.

El 40 por ciento de los recursos municipales, en 23 de los 56 centros, se han reportado problemas con estos dispositivos, como pérdida de conexión, problemas de cobertura, manipulación por parte del agresor, avisos que no se correspondían con ninguna actuación real o ausencia total de aviso cuando sí había un riesgo real.

«Hemos tenido casos en que el agresor se ha acercado a la distancia justa para infundir miedo, quitándose el dispositivo o manipulándolo para provocar que salte la alarma. O situaciones que se producen en cualquier momento del día, en compañía de los hijos, en horas de sueño o en jornada laboral», explicó la consejera de Asuntos Sociales.

Con esa lista de defectos sobre la mesa, que causaron estupefacción a más de uno ante las proporciones del escándalo, el Observatorio adoptó un acuerdo para solicitar al Gobierno de Sánchez dos cosas: más datos y más medios para proteger de manera efectiva y con máxima seguridad a las mujeres víctimas de violencia ante sus agresores. «El Observatorio necesita conocer el número de mujeres que han estado en riesgo por anomalías detectadas desde marzo de 2024», avisó el presidente de ese organismo regional. Es una información que debería tener el Gobierno, como el número de procedimientos judiciales afectados, «con indicación de absoluciones y sobreseimientos por no poder acceder a la información crítica del seguimiento telemático», advirtió. Hay situaciones que sobrecogen ante el riesgo que han corrido muchas mujeres: «¿Cuántos agresores han estado cerca de sus víctimas y no se puede demostrar?». El Observatorio regional también demanda al Gobierno medios «para atender de inmediato a las mujeres afectadas» y para que esta situación no suceda de nuevo.

Los expertos exigen desde el Observatorio medidas urgentes para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, ya que han conocido que «muchas mujeres siguen con estas pulseras que no funcionan».

Tras los datos y las peticiones, llegaron las críticas directas al Gobierno de Pedro Sánchez, «que dice ser el más feminista de la democracia y ha sido el Gobierno que ha puesto en riesgo a las mujeres en reiteradas ocasiones», afirmó el consejero de Presidencia. «Ha preferido ahorrarse 200 euros mensuales en pulseras defectuosas a proteger la vida de muchísimas mujeres». Denunció que «la falta de escucha a los que venían alertando del problema ha podido poner en riesgo la vida de cientos y miles de mujeres».

Ante esta situación de máximo riesgo, la Comunidad de Madrid exigió a Igualdad y a los otros ministerios afectados que den explicaciones, que pidan perdón y que dimitan «por incompetencia». En concreto, el Gobierno de Ayuso exige la dimisión de la ministra de Igualdad actual, Ana Redondo, pero también de Irene Montero, porque «todo comenzó con ella, con la contratación de dispositivos que no reunían las condiciones para ser instalados».

El Observatorio envió ayer mismo el acuerdo, en el que se abstuvieron los representantes de UGT y Comisiones Obreras, al Gobierno y a la delegada contra la violencia de género. En cuanto les llegue la respuesta, se convocará un nuevo Observatorio regional: «Ya deberían estar haciendo una contratación urgente y de emergencia».