Madrid responde que los arquitectos no pueden «ejercer una suerte de acción popular» a la Ciudad de la Justicia

El recurso lo ha interpuesto el COAM contra los pliegos de la licitación. Según explicó a ABC el vicedecano del COAM, Pablo Olalquiaga, en el mismo argumentan que los pliegos incumplen la Ley de Calidad de la Arquitectura, aprobada el pasado 14 de junio, que en su artículo primero fija como objetivo «proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de interés general». Desde el Colegio advierten que no están contra el proyecto, que les parece oportuno y necesario, pero quieren que se tramite de manera que se proteja la buena arquitectura. Su acto, insisten, tiene como fin colaborar a que el proyecto sea mejor.

El Gobierno regional autorizó el pasado 20 de julio la licitación para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia. Concentrará allí los 356 órganos judiciales dispersos ahora por 28 inmuebles. Se gestionará mediante una concesión por un máximo de 40 años. La adjudicataria tendrá que construir y mantener 18 edificios que albergarán las sedes judiciales, algo que costará unos 507 millones de euros.

A cambio, recibirá anualmente un canon de 50 millones de euros, y podrá explotar comercialmente los bajos y entornos del complejo de la Justicia. La fórmula elegida para licitar este concurso –por contrato de concesión de obra– tampoco convence al COAM. Piden que se licite de manera independiente la fase de proyecto.

Les parece que la fórmula elegida por la Administración regional «prioriza el coste del edificio, y no el valor arquitectónico del mismo», a la hora de la concesión. Creen que «el interés general resulta indisociable del interés de los ciudadanos; es importante ahorrar, pero no puede ser que eso anule la importancia de la calidad arquitectónica», explica Olalquiaga. A juicio del vicedecano, las condiciones de la convocatoria «limitan muchísimo la concurrencia: ¿Cuántos se pueden presentar?».

En el Gobierno regional defienden el sistema aplicado; en su respuesta al recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, dudan de la «legitimación» del Colegio de Arquitectos para recurrir porque no está defendiendo los intereses de sus integrantes sino «la buena arquitectura», un «interés difuso». Por eso, entienden en la Comunidad de Madrid que «no cabe ejercer esta suerte de acción popular que pretende el Colegio de Arquitectos de Madrid».

Se apoya también el Ejecutivo autonómico en un informe favorable hacia los pliegos del concurso que fue emitido por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el 11 de julio de 2022. Y alegan que «los criterios cualitativos representan un elevado porcentaje en la ponderación de criterios: alcanzan el 65 por ciento de la puntuación global», aseguran.

Además, apelan a la conveniencia de la colaboración privada porque hace el proyecto compatible «con las restricciones presupuestarias actuales, la necesaria austeridad» de la Administración y la necesidad de no consolidar como deuda el proyecto.

El Gobierno regional le pide al Tribunal que desestime el recurso e inadmita la medida cautelar de suspensión de la tramitación del expediente, porque paralizaría el procedimiento de contratación y «retrasaría el inicio de ejecución». Olalquiaga no entiende la urgencia: «La Ciudad de la Justicia lleva veinte años y pico encima de la mesa».