Madrid reduce en dos años los tiempos de tramitación de subestaciones eléctricas

La Comunidad de Madrid ha modernizado la normativa sobre instalaciones eléctricas de alta tensión, y con ello reduce los tiempos de trámites para poner en marcha infraestructuras críticas. Esto permitirá ahorros muy significativos para iniciar subestaciones de transformación, necesarias para dar servicios a colegios, hospitales o centros de proceso de datos.

La norma que ahora se aprueba tiene como objetivo simplificar los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, así como actualizar el régimen de responsabilidades y sanciones aplicable en este ámbito.

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El texto sustituirá a la actual normativa de 2010. Va a adaptar la regulación autonómica en materia de garantía de suministro para un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente. En este sentido, explican en el Gobierno regional, «eleva del 70 por ciento al 85 por ciento la capacidad de acceso de los transformadores en las subestaciones, en línea con el marco estatal recientemente definido, lo que permitirá liberar capacidad adicional y facilitar la conexión de nuevos proyectos energéticos en la región».

Con esta medida, el Gobierno autonómico agiliza la tramitación y aplica con rapidez los nuevos criterios para acelerar el desarrollo energético en Madrid. Este es un campo en el que ha tenido duros enfrentamientos con el Gobierno central, por considerar que los nuevos planes estatales no garantizan el suministro eléctrico suficiente para los nuevos desarrollos urbanísticos y los planes de inversión que se quieren establecer en Madrid.

En concreto, el nuevo Decreto reorganiza el procedimiento de tramitación de las instalaciones eléctricas en cinco grupos, manteniendo la estructura tradicional, pero introduciendo importantes simplificaciones. Gracias a esta medida, más del 20 por ciento de los expedientes que actualmente requieren autorización o comunicación se beneficiarán de una tramitación más ágil.

La norma también refuerza los mecanismos para garantizar la restauración ambiental de los terrenos donde se ubiquen instalaciones de generación o almacenamiento sobre suelo rústico. Se establece la obligación de presentar una garantía económica destinada al desmantelamiento y adecuación del terreno una vez finalizada la vida útil de la infraestructura, contribuyendo así a la sostenibilidad y a la protección del territorio.