Bandas latinas: la Policía alerta de que el 60% son ya menores y del descontrol de la venta de machetes en Madrid

Ya en el exterior, solo el cruce de miradas fue la espita que desató la terrible agresión: el DDP le asestó tal cuchillada en la pierna, que el afectado la pudo salvar gracias a un torniquete de urgencia. El enorme machete, aún con sangre, quedó tirado en la calle por el agresor, que fue arrestado al día siguiente y acusado de lesiones y pertenencia a organización criminal. Al encartado solo le bastó con presentar en la armería su identificación como mayor de edad, pagar y salir a la caza; ya tenía en su poder esta arma blanca, sin necesidad de cumplir cualquier otro requisito o argumentar su futuro uso.

Casos como este se repiten con demasiada frecuencia y desde hace demasiado en Madrid. Por eso, expertos de la Policía Nacional quieren que se cambie la normativa vigente y que la adquisición de estos objetos quede reflejada en un libro de registro oficial, con nombre y apellidos, algo que ahora no es exigible. Es más, solo es necesario acreditar que se tiene más de 18 años. Pero, además, y así lo han trasladado oficialmente a la Fiscalía y a instancias de Interior, creen indispensable que, si bien no consideran que haya que estar en posesión de una licencia de armas, como ocurre con las de fuego, sí que sea necesario justificar su uso. Por ejemplo y en este caso de machetes de grandes dimensiones, que se dedican a la agricultura o el destino del producto es para su uso en artes escénicas. Es lógico que un adolescente de corta edad no necesita un cuchillo con una hoja de ese calibre y letalidad en su día a día.

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Esta problemática es aún mayor cuando se suma el vértice de la escasa edad de estos pandilleros. Si antes de la pandemia los menores que formaban parte de estas organizaciones criminales (así están catalogadas por el Tribunal Supremo) conformaban el 20% y luego pasaron a ser el 32%, inmediatamente después, en 2021, crecieron hasta ser cuatro de cada diez.

Pero esta tendencia va al alza. Según ha podido saber ABC, en Madrid, actualmente los menores de edad suponen ya el 60% de los integrantes de estos grupos, especialmente en los DDP y los Trinitarios. Alrededor del 80% del total son españoles de nacimiento o nacionalizados.

El repunte llegó incluso a alcanzar al 68%, pero ahora se ha estabilizado en seis de cada diez. Las razones para explicar esa preocupante espiral son dos: la pandemia y el aumento de ingresos en prisión. Así, tras el confinamiento por el Covid-19, especialmente en 2020, las bandas juveniles fueron diezmadas, por lo que sus líderes se vieron 'obligados' a un esfuerzo en el reclutamiento en cuanto empezaron a abrirse las calles, buscando savia nueva entre los más vulnerables, los niños. Estos son los más fáciles de convencer, los que peor disciernen entre el bien y el mal debido a su inmadurez. A ello se suma que los que ya han pasado de los 18 años y son más violentos se encuentran en buena parte encarcelados o cumpliendo otras medidas judiciales coercitivas.

La propia memoria de la Fiscalía de Madrid de 2022, conocida esta semana pasada, habla de que «es tremendamente alarmante» el recrudecimiento de las reyertas entre estas bandas. Y los homicidios y asesinatos cometidos por menores han pasado de 8 a 34 en cinco años en Madrid. Por no hablar de los 375 delitos cometidos con uso de armas o instrumentos peligrosos (+17%) por chicos de entre 14 y 17 años; los 44 de organización criminal (+110%); 104 de tenencia ilícita de armas (+53%); 38 de riñas tumultuarias (+6%), y 1.102 de amenazas (+12%).

No puede decirse, sin embargo, que el número global de miembros activos haya crecido de nuevo en los últimos tiempos. Si antes de la puesta en marcha del plan especial contra esta delincuencia, el 2 de diciembre de 2021, eran alrededor de 800 los 'fichados' por la Policía Nacional y la Guardia Civil, luego descendió a unos 500 entre ambas demarcaciones en Madrid. Ahora, la cifra, aunque muy fluctuante, apenas llega a los 300 con verdadera capacidad operativa. «El problema no es el número total, sino aquellos dos o tres de cada 'coro' [grupo territorial, en el argot] que sí son realmente agresivos», sostienen las fuentes consultadas, que añaden, como cada vez lo hacen más voces autorizadas, que la raíz de esta lacra es cultural y educativa. Las medidas policiales y judiciales no dejan de ser los últimos pasos, cuando el mal ya está hecho y hay que pasar a la represión.

Aun así, las cientos de miles de identificaciones y miles de detenciones y aprehensiones de armas en el marco del dispositivo especial auspiciado por la Delegación del Gobierno está dando sus frutos y, muy importante también, una serie de datos con los que ir moldeando el trabajo diario. Una labor tanto de las comisarías de distrito de la capital como de las locales y la Brigada de Información de Madrid.

Si en la actualidad la identificación de un mismo sujeto con posesión de armas en dos o más ocasiones sirve para que conforme uno de los parámetros sobre los que apoyar la imputación de pertenencia a organización criminal (circunstancia clave de cara a evitar la puesta en libertad de los sujetos más violentos), el cambio solicitado en la normativa de venta de estos machetes agilizaría el proceso. Son necesarios al menos tres de los doce elementos precisados por la Justicia para acreditar este delito, como establece la instrucción 8/22 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

De hecho, es uno de los motivos principales, junto con las lesiones e intentos de homicidio, por los que se están produciendo buena parte de las últimas detenciones de miembros de bandas latinas en Madrid. Esto se vio en la reciente operación Primogénito, con 14 detenidos por una agresión muy grave en Usera. Otros parámetros son la indumentaria, la simbología o la relación con otros pandilleros.

Por ello, ese trabajo preventivo en las armerías es sustancial. Fuentes policiales hablan de que hay algunas, como una de Móstoles, en la que se han llegado a vender 80 machetes en un mes y, en otras, hasta un centenar. El ejemplo de Islazul es solo uno dentro de la infinidad de casos; a los asesinos de Isaac López Triano, un vecino de Pacífico con Asperger conocido en el mundo el rap como 'Little Kinki', en 2021, se les captó comprando machetes en una tienda de la Ribera de Curtidores, en la zona del Rastro. El único acusado mayor de edad de los cuatro encartados (los otros tres eran menores y ya están cumpliendo medidas de internamiento en un correccional) se enfrenta a una petición fiscal y de la acusación particular de prisión permanente revisable. Ya hay un antecedente de otro pandillero condenado a la máxima pena de nuestro Código Penal. Pocas bromas ya, entonces, con estos grupos juveniles y su capacidad de matar incluso a chicos con algún tipo de discapacidad.

Las adquisiciones de estas armas blancas no dejan de ser legales siempre y cuando sean mayores de edad quienes las hagan; de hecho, los propios pandilleros suelen acudir a una cadena de armerías llamadas Ranger, especializadas en airsoft y cuchillería, o las adquieren por Amazon y otros portales de comercio electrónico.

En cuanto a las captaciones para engrosar sus filas, Trinitarios y DDP (los Ñetas y Latin Kings apenas son ya residuales), siguen utilizando las calles y parques; pero está creciendo el proselitismo a través de redes sociales como TikTok y, por supuesto, la música urbana que ellos cantan y escuchan, concretamente el 'drill'. Un ejemplo es VillaBlack Music, una especie de plataforma, e individuos como Rochy RD, un dominicano detenido en su país por agresión sexual pero que sigue dando conciertos por Hispanomérica, con media doce en España el último año y que en dos ocasiones han acabado con heridos y asesinados.

Sobre su financiación, los robos con violencia y el trapicheo de drogas son sus principales fuentes.