207.166 días de bajas sin justificar en 2010

Esperanza Aguirre quiere una Administración «más eficaz y más productiva», así como erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales. El objetivo es incrementar la productividad homogeneizando las jornadas laborales de todos los empleados públicos en 37,5 horas semanales y fijando los días de asuntos particulares o libre disposición en seis, ajustándose así al Estatuto Básico del Empleado Público.

Se trata de evitar siempre las desigualdades entre los diferentes empleados de la Administración, donde existen profesiones cuya jornada actual es de 35 horas y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal docente. Ahora, se propone que todos deberán realizar un mínimo de 37,5 horas a la semana , medida que afectará a cerca de 120.000 empleados. Estas dos medidas, según cálculos del Ejecutivo madrileño, permitirían ahorrar a la administración 83 millones de euros anuales e incrementar la productividad en 12 millones de horas al año.

Como era de esperar, el anuncio provocó ayer una cadena de reacciones, la mayoría negativas. El portavoz del PSM en la Asamblea, Tomás Gómez, aseguró que las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Acompañamiento siguen la estrategia del Gobierno regional de «esquilmar los servicios públicos». El líder socialista considera que el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene «una guerra abierta contra los servicio públicos» y «para acabar con ellos se dedica a hablar mal de los empleados públicos».

Por su parte, Izquierda Unida y UPyD mostraron su desacuerdo con las medidas del PP sobre las bajas de los empleados públicos. IU cree que el absentismo no es más alto que en la empresa privada, y UPyD asegura que pagarán «justos por pecadores». Eulalia Vaquero, portavoz adjunta de IU, remarcó que los funcionarios «no deben pagar por una crisis de la que no tienen culpa», y auguró que igual que los docentes se echaron a la calle para protestar por el aumento de las horas lectivas, «podría haber una respuesta similar desde el resto de empleados públicos». «Nos equivocaremos si, con el pretexto de la crisis, nos llevamos por delante a los trabajadores que están sustentando el poco Estado de bienestar que disfrutamos», añadió.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, por su parte, consideró que esta propuesta no va al fondo del problema del absentismo, sino que se queda en una medida «puramente cuantitativa». Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD, cree que el problema del absentismo está fundamentalmente en los tres primeros días de baja, y por ello es partidario de que haya un mayor control de las bajas que dan los médicos, a veces de forma «relativamente fácil». El grupo magenta, por el contrario, sí está de acuerdo con elevar la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas, aunque también se opone a la eliminación de las licencias para vender alcohol, ya que «parece que desincentivará su consumo».

La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, afirmó que con estas medidas se propone que los empleados públicos « contribuyan con su esfuerzo y dedicación a la mejora del equilibrio financiero de la Comunidad ». A cambio, dice, no habrá despidos ni recortes de sueldo. «Son medidas —dijo— que yo creo que van a contribuir especialmente con lo que mejor saben hacer nuestros funcionarios, que es trabajar bien, con compromiso, y ser solidarios con las dificultades que está pasando el país».

Aguirre endurecerá el control a las bajas laborales (excluidas las bajas por maternidad y accidente laboral) con el fin de conseguir «una administración más eficiente» y reducir el absentismo en más de un 40%. Para ello, modificará los complementos económicos para el sector público que aporta la Comunidad en el supuesto de incapacidad temporal del trabajador por enfermedad común entre el 4 y el 15 día de baja.

Actualmente, la Seguridad Social proporciona el 60% del sueldo de un trabajador con baja superior a tres días e inferior a 15 días. El Gobierno regional cubría hasta el 100% del sueldo. Esta medida afectará a 32.000 trabajadores públicos, en su mayoría personal laboral de la Administración y de empresas públicas. En el caso de los funcionarios y personal estatutario, con régimen especial, la reducción del complemento por baja laboral se aplicará desde el tercer mes.