Sabanés dice que no hubo irregularidades en la compra de Bicimad, pero sigue sin detallar las cuentas

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad se escuda en que recibieron un servicio «al borde de su desaparición»

Sabanés, en un acto de presentación de vehículos no contaminantes ABC

22/11/2017
Actualizado a las 13:13h.

Continúa el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Inés Sabanés sin aclarar cómo se llegó a valorar el ruinoso servicio de Bicimad que compraron a Bonopark en 2016 en 13 millones de euros (10,5 millones más el IVA ... más el 3% de intereses por el pago aplazado del 75% del importe total). La delegada ha respondido este miércoles al término de la comisión del ramo a las preguntas sobre el asunto y la decisión del Partido Popular de llevar el caso a la Fiscalía de Madrid por presunta malversación de caudales. «Punto uno: yo nunca cuestiono las actuaciones de la oposición, está en su ejercicio, eso lo tengo muy claro, y, punto dos, desde luego no hemos cometido ninguna irregularidad. Punto tres, lo que recibimos fue un servicio al borde de su desaparición e hicimos todo lo humanamente posible para que el servicio funcionara y funcione como hoy y, como digo, yo no acepto ni admito ninguna irregularidad», ha dicho severa la delegada.

ABC publicaba este lunes que el Consistorio sólo había aportado –por la vía de petición pública, ya que desde la concejalía no ofrecieron información- a este diario un informe de cinco folios sin firma, sello, ni membrete, ni posibilidad de conocer el autor del mismo, donde se desgranaba de forma exigua cómo se había llegado a valorar tal importe. Según expertos consulados, el documento presentaba presuntas irregularidades y carencias. Entre ellas, que no se incluía el precio de amortización (es decir, el precio del servicio utilizado), más aún sabiendo que Bonopark tenía pérdidas mensuales de 300.000 euros y que lo había dejado en pésimo estado, como ha reconocido hoy Sabanés. Tampoco había un balance de situación y estaba basado en futuribles (crecimiento del negocio) y datos erróneos (como el número de bicis robadas o estropeadas) que por el momento no se han cumplido.

Sabanés ha insistido en que no fueron 13 millones lo que costó y ha reiterado: «No creo que hayamos incurrido en ninguna irregularidad y me parece perfecto lo que hagan los medios de comunicación, por supuesto, y la oposición en este caso».

Las explicaciones, en los tribunales

Tras la publicación de la información de ABC, el Área sólo dio explicaciones vía nota de prensa y por la noche a la agencia EFE. En su argumentación el Ayuntamiento indicaba que adquirió Bicimad para poner en valor el sistema de bicicleta pública, «que arrastraba problemas que afectaban al servicio desde su arranque» y para «garantizar su continuidad sin interrupciones» y que comprando el servicio no tuvo que abonar el reequilibrio de 3,6 millones pedido por Bonopark.

La memoria económica y el plan económico-financiero que entregó Bonopark en la licitación del concurso y que le sirvió para ganar la gestión (fue el único licitador) en 2013 señalaba que todo el servicio costaba 7,3 millones de euros . Amortizado, 3,5 millones de euros. En el precio se incluían elementos como las bases con anclajes, las cámaras, los tótem, las plataformas, las baterías y las 2.028 bicicletas (cifra que nunca llegó a estar disponible para los usuarios), valoradas cada una de ellas en 700 euros. Si a ese valor amortizado se incluyen los 3,5 millones de euros que Bonopark pedía en el reequilibrio económico, el precio de la cesión llegaría a alcanzar los 6,9 millones de euros y no los 13 millones de euros que se van a pagar finalmente por la compra (con la suma del IVA -2,2 millones extra- y 236.250 euros fijados de intereses, ya que el 75% del importe se paga en cinco años con un tipo de interés del 3%). El Ayuntamiento mantiene que los informes que ha mostrado son correctos porque son internos. La razón se la darán o no en los tribunales. El Grupo Municipal Popular, con José Luis Martínez-Almeida como portavoz, denunciará a la Junta de Gobierno, incluida la alcaldesa Manuela Carmena , por autorizar el pago, a la delegada Inés Sabanés y al gerente de la EMT, Álvaro Hernández Heredia .