Podemos ocultó al fiscal información sobre los ediles de Alcalá de Henares imputados por prevaricación

Si bien la postura de la formación morada fue contundente al principio, con la suspensión de militancia de cuatro de los implicados y su desvinculación total de Somos Alcalá, la posición de la Comisión de Garantías de Podemos se caracterizó por una desidia total. Fuentes conocedoras del caso consideran que este retraso en la entrega de la documentación remite a la lucha interna en el partido y a posibles vínculos con los imputados. Los concejales son Jesús Abad , Brianda Yánez , Laura Martín y Alberto Egido -el único que no es afiliado a Podemos-; además de Olga García , que aunque no participó en la concesión y no fue imputada sí ha sido sancionada internamente.

El Consejo de Coordinación de Podemos en la Comunidad de Madrid acordó en diciembre la adopción de medidas provisionales contra estos ediles, después de que el fiscal les denunciara por prevaricación, al considerar que existía una «vinculación directa» entre ellos y los colectivos beneficiados, con un paquete de subvenciones que alcanzó los 40.000 euros.

Como desveló ABC, en la asociación Simbiosis, una de las adjudicatarias del proceso, figura Ignacio Gómez Guerrero, que concurrió en el número 11 de la lista de Somos Alcalá en las elecciones de mayo de 2015; también María Rodríguez Mazzei, que hizo lo propio en el puesto 24. Pedro Prieto Martín , representante de Kyopol, otro de los agraciados, participó en las primarias del partido local, del que es miembro, y además registró los dominios web de Podemos Alcalá y de Somos.

El Consejo de Coordinación requirió a la Comisión de Garantías Democráticas de la Comunidad que informara del estado procesal del expediente, abierto en junio tras las denuncias de varios integrantes de Podemos en la localidad complutense, y explicara las razones de la demora. Además, insta al mismo órgano a que haga entrega a la Fiscalía de toda la información del citado expediente.

Desde la formación que encabeza Espinar insisten en que no es «responsabilidad suya» , sino que es tarea de la Comisión de Garantías. «Su actuación es independiente y responden ellos», detallaron a este periódico. No obstante, el PP de Alcalá –personado en el caso como acusación particular– ha pedido a la juez que instruye el caso que actúe de oficio y solicite la información sobre esta denuncia.

En paralelo a la resolución interna del caos en Podemos, el proceso judicial sigue en curso y el pasado lunes declaró ante la juez la secretaria de la concejalía de Participación que estuvo presente en la ponderación de los proyectos beneficiados. Su comparecencia pretende esclarecer porque en los expedientes no figuran las evaluaciones de los cuatro concejales y sí de los técnicos, un hecho relevante para comprobar o no si hubo acuerdo entre los ediles para favorecer premeditamente a estos colectivos.