Nueva imputación en el Gobierno de Alcalá de Henares: el juez cita al alcalde por prevaricación

Como informó ABC, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa contra Rodríguez tras ser archivada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá, el pasado 17 de mayo. La querella, presentada por el PP, acusaba al alcalde de actuar de mala fe cuando programó la sesión de presupuestos para el 10 de junio por la vía de urgencia, un día en el que ni el portavoz, Víctor Chacón , ni la responsable de Economía, Emma Castelló , podían ir. Chacón se encontraba de luna de miel y Castelló en una visita académica a la Universidad de Stanford (EE.UU). Solo tres días después, ambos ya estaban disponibles.

Tras el archivo, el grupo municipal popular presentó un recurso estimado por la Audiencia Provincial, que consideró crucial la declaración de Rodríguez: «Es imprescindible tomar declaración al querellado para que, si lo estima oportuno, se explique sobre dichas razones de urgencia».

El juez sostuvo que un pleno de urgencia solo puede convocarse en circunstancias excepcionales, cuya vulneración es susceptible de delito . «Si la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente se hace por el mero interés del convocante u otra razón espuria, como el propósito de eludir la asistencia de algunos de los concejales (...) nos encontramos ante una resolución arbitraria susceptible de encaje en la tipicidad del artículo 404 del Código Penal (prevaricación)», especificó.

Fuentes municipales argumentaron a este periódico que la declaración es un «trámite» y que el pleno en cuestión se desarrolló con «normalidad»: «El equipo de Gobierno manifiesta su confianza absoluta en que será un trámite para aclarar la pertinencia de la convocatoria de dicho Pleno».

La notificación, precisamente, se produjo ayer, al tiempo que otros cuatro ediles del Gobierno complutense estaban sentados en el banquillo. En su caso, aunque también por prevaricación administrativa, fue por las subvenciones a asociaciones vinculadas con Somos Alcalá y Podemos. Cabe recordar que el titular de Urbanismo, Alberto Blázquez , también está investigado, aunque por un caso heredado del Consistorio anterior (PP).

Los concejales de Somos, citados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá, defendieron una vez más las ayudas públicas bajo sospecha a cinco asociaciones, por un valor total de 40.000 euros. «Estamos muy orgullosos de estos cinco proyectos preciosos», dijo Brianda Yáñez tras declarar ante el juez, junto a los también imputados Jesús Abad , Laura Martín y Alberto Egido . En representación de sus compañeros, Yáñez repitió que el dinero de las concesiones procede del excedente de una bajada de sueldos de los miembros de Somos en el Ayuntamiento, si bien no se trata de una donación personal y esta cantidad sale de las arcas municipales. «Estamos aquí por haber renunciado a 40.000 euros de nuestros salarios y haberlos destinados a subvenciones para cinco proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro, algo que el PP no entiende», aseveró. Acudieron acompañados por sus dos compañeros en el grupo municipal, Olga García y Javier Galán .

Aunque reiteró que el procedimiento «ha seguido todas las garantías», ni ella ni ninguno de los ediles investigados aludió al hecho de que los beneficiarios tienen una «vinculación directa» con el grupo municipal, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación. Como adelantó ABC, en la adjudicataria Simbiosis figura como miembro Ignacio Gómez Guerrero , que concurrió en el número 11 de la lista de Somos en las elecciones de 2015; también María Rodríguez Mazzei , que lo hizo en el puesto 24. Pedro Prieto Martín , representante de Kyopol, otro de los colectivos premiados, participó en las primarias, es miembro de Somos Alcalá y pagó y registró su dominio web y el de Podemos en la localidad.

Después de declarar, atendieron a los medios y dieron por hecho que la causa se va a archivar: «Reiteramos nuestra tranquilidad en que el proceso ha seguido todas las garantías, todos los informes jurídicos y técnicos, incluso con la supervisión de la Intervención; esperamos que cuando la juez termine las averiguaciones se archive ». Yáñez hizo especial hincapié en que el procedimiento contó con «toda la transparencia», a pesar de que el desglose de las puntuaciones de los concejales se ha ocultado; el PP pidió hasta en cinco ocasiones esta información.

El caso ha agitado la relación de Somos con Podemos a nivel regional. El pasado sábado el Consejo de Coordinación suspendió de militancia a los concejales implicados junto a Olga García, que no ha sido imputada. Ella misma, denunciada por el PP porque conocía la trama, echó ayer más leña al fuego y publicó una carta abierta a Ramón Espinar criticando su decisión.