El juez investigará la responsabilidad civil de porteros, empresas y administraciones

La maraña en la que se está convirtiendo este caso es de las que necesita aclarar detalle por detalle no sólo lo ocurrido en la noche del suceso -algo de lo que, por supuesto, también se encargará el juez Casado-, sino de las posibles irregularidades o «vista gorda» que se cometieron en los ocho años anteriores. Es el 24 de julio del año 2000 cuando se redacta un primer informe por parte de la Policía Municipal solicitando el cese de actividad a la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. Luego vinieron otros seis. La notificación de estas denuncias llegan también a las manos de la Dirección General de Relaciones con la Justicia de la Comunidad de Madrid. ¿Se hizo, por tanto, todo lo que se debía o no? Eso, ahora, lo aclararán los tribunales.

El Balcón y Fortesa

José María Casado abordará la cuestión de la responsabilidad civil subsidiaria en la misma pieza del propio homicidio. Esto significa que, si se comprueban estas presuntas irregularidades, la empresa que regentaba El Balcón de Rosales -que no tenía licencia para funcionar como discoteca- y la contrata de seguridad -Fortesa- también se pueden enfrentar a una condena por lo sucedido.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, indicó ayer en rueda de prensa que no considera que el Ayuntamiento que preside tenga responsabilidad subsidiaria alguna en el caso. Considera que el primer responsable, evidentemente, sería el autor de los hechos y, en segundo lugar, en todo caso, la empresa que contrató a los porteros imputados.

Pero el frente judicial tiene más novedades. La primera, que la juez de guardia que envió a los tres porteros a prisión provisional lo hizo por dos motivos fundamentales: por un lado, la gravedad de los hechos -y la pena que podría acarrear-, pero también lo hizo por la alarma social suscitada en torno a este asunto.

Está previsto que hoy o mañana, el juez Casado ratifique las órdenes de prisión contra los encausados, sin que éstos tengan que volver a pasar por los juzgados para declarar.

Por otra parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reconoció ayer que la Administración falló al no establecer las sanciones reglamentarias a El Balcón de Rosales. Incidió en que el asesinato de Alvaro Ussía se trata de «un asunto de orden penal» que «no tiene nada que ver con las medidas administrativas que parecen que fallaron», al obviarse las irregularidades detectadas en las inspecciones.

Según Granados, «algunos de los mecanismos de la Administración fallaron a la hora de establecer no ya el cierre, sino las sanciones reglamentarias en cada caso», informa Ep. «Eso hay que reconocerlo y habrá que explicarlo», aludiendo así a los oídos sordos de los competentes ante las siete peticiones de cierre instadas por la Policía Municipal para clausurar la discoteca.

Crimen execrable

«Independientemente de que desde el punto de vista administrativo se ha fallado en algo, el asunto es de orden penal relacionado con un delito de seguridad ciudadana», recalcó el dirigente popular. Granados calificó el crimen de «indecente, impresentable y execrable».

El consejero de Interior anunció también que hoy presentarán al Consejo de Gobierno de la Comunidad el borrador de decreto para regular la figura de los porteros de discotecas y locales de ocio. Se trata del reglamento que desarrolla la ley de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad.