Gallardón promete que nunca habrá otra discoteca en el Balcón de Rosales

El alcalde dedicó ayer casi de forma monotemática su rueda de prensa tras la Junta de Gobierno a dar razones y explicaciones en torno al terrible suceso. Un hecho que, a su juicio, «marca un nivel de brutalidad y gratuidad al que ni queremos ni podemos acostumbrarnos». Gallardón prometió un incremento de la presencia policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de agentes municipales- en torno a los locales de ocio y dentro de ellos, siempre en colaboración con la Delegación del Gobierno, que es la única que puede autorizar esta entrada de la Policía Municipal en los locales. Advirtió que actualmente existen «unas 50 patrullas de Policía Nacional en la noche madrileña, y unas 100 de Policía Municipal».

Insta a que denuncien

Ruiz-Gallardón instó a los usuarios de discoteca a que «cuando sean objeto de violencia física o verbal, presenten la denuncia correspondiente», porque «si hubiésemos tenido denuncias previas sobre estos porteros», habrían podido tomarse medidas.

El «abuso de autoridad» de esos porteros, añadió el regidor, ha conducido a que «se resuelva la concesión administrativa» del Balcón de Rosales, que ya se ha tramitado y comunicado a la empresa que la tenía, Parques Reunidos, que la ha aceptado. El cese de la actividad será «inmediato», y además prometió que cuando este espacio vuelva a salir a concurso, «no permitiremos que pueda volver a ser una discoteca».

Ruiz-Gallardón reconoció que sobre el local, ahora clausurado, pesaban varios expedientes administrativos por irregularidades, sobre las que ha ordenado una investigación, pero «ninguno de ellos hacía presumir» lo que ocurriría más tarde, aseguró el regidor.«La lógica impide buscar una relación causa-efecto entre vender alcohol a menores o no tener documentación en regla, o incumplir la normativa de horarios o ruidos, con causar la muerte a golpes de un joven; no se puede poner en el mismo nivel las dos cosas». Por eso abogó por buscar soluciones «más allá de los ámbitos competenciales».

Propuso una reunión de todos los implicados -las tres administraciones y los profesionales del sector- para «valorar las modificaciones que hay que introducir y evitar que se repitan nunca más estas situaciones». Hizo a la vez un «llamamiento a los empresarios» de discotecas para que reflexionen sobre «qué fines buscan cuando contratan -como porteros- a individuos que a veces presentan las peores condiciones posibles». Recordó que en la actualidad existe un «vacío legal» en este sentido, a diferencia de otras regiones como Cataluña.

El Ayuntamiento madrileño hizo suya una de las peticiones realizadas por los compañeros de clase de Álvaro, que visitaron en la tarde del martes al alcalde: que los porteros sean guardias o vigilantes de seguridad con la preparación suficiente; deben serlo «tanto para controlar el derecho de admisión como para expulsar» a quien esté dentro, recordó el alcalde, partidario de que pertenezcan a «empresas homologadas por el Ministerio del Interior» aunque «eso suponga un aumento de costes». Esta medida debe incluirse, a su juicio, en la futura reglamentación sobre este asunto que realice la Comunidad de Madrid.

Seguimiento de las denuncias

Respecto a las denuncias que pesaban sobre este local, Ruiz-Gallardón apuntó que ha pedido a la inspección general de servicios del Ayuntamiento un exhaustivo informe en el que se trace el camino seguido por cada uno de los expedientes iniciados contra esta discoteca: cómo se han tramitado, qué plazos han tardado y ante quién se ha presentado.

El regidor presentó cuatro iniciativas en relación con el ocio nocturno: un mayor rigor en los controles administrativos para que las denuncias sean seguidas más eficazmente; un llamamiento a la Delegación del Gobierno para que comunique al Ayuntamiento cualquier denuncia relacionada con porteros de discoteca; apoyo a la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos; y la proposición no de ley que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados para que en tres meses informen sobre las medidas de control de la Policía sobre las discotecas, además de una reunión con las comunidades autónomas para coordinar la acción en este campo.