La izquierda vota las conclusiones de Vox y Cs sobre Avalmadrid para llevar el debate a la Asamblea

La comisión de investigación de Avalmadrid se constituyó en octubre de 2019 y comenzó a funcionar en diciembre de ese mismo año, aunque luego la pandemia obligó a suspender sus sesiones. Desde su inicio fue causa de polémica: el PP no entendía la necesidad de ponerla en marcha y la consideraba un instrumento de la oposición para cargar contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso : el padre de la presidenta, ya fallecido, participaba en una empresa que recibió un aval de esta entidad, sociedad de garantía recíproca, en 2011, y que luego no se devolvió.

La decisión de Ciudadanos, socio de Gobierno del PP, de apoyar con su voto la creación de la comisión en 2019 fue el detonante de un enorme malestar contra los naranjas por parte de los populares . Y tal vez el inicio de la fuerte desconfianza que siempre han sentido en el PP hacia su socio en el Ejecutivo.

El caso es que, más adelante, fueron los votos unidos de PP, Ciudadanos y Vox los que impidieron que Díaz Ayuso fuera llamada a comparecer en la citada comisión, como querían los partidos de izquierda.

Este martes, durante varias horas, los partidos han debatido sobre el dictamen que cerraba la comisión de Avalmadrid, y cuyas conclusiones se elevarán al pleno de la Asamblea. Finalmente, la izquierda ha votado todas las propuestas, salvo las del PP, y de este modo las de Vox y Ciudadanos han sido las finalmente avaladas por suficientes votos, mientras que las de la izquierda eran «tumbadas» por los grupos conservadores.

En las conclusiones de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, se señalaban que Avalmadrid puso «sus recursos humanos y materiales a disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso». La comisión, explican los trs grupos, vino motivada por la apertura de un expediente sancionador por parte del Banco de España a dicha entidad, en la que la Comunidad de Madrid ostenta la Presidencia, y parte de los nombramientos del Consejo de Administración de la misma.

La principal crítica se refiere a las posibles irregularidades en la concesión, y posterior seguimiento, de un aval a la empresa MCInfortécnica, la empresa vinculada a la familia de la presidenta regional. «De todas estas comunicaciones se deduce sin ningún tipo de duda que los recursos humanos y materiales de Avalmadrid se pusieron a disposición de la diputada autonómica Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de suministrarle información confidencial sobre personas físicas y jurídicas», sostienen PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, informa Ep.

La diputada socialista Pilar Sánchez Aceras explicaba que «aunque la derecha ha querido impedir que hubiera un dictamen que pudiera ir a pleno, los votos de grupos de izquierda han conseguido finalmente que haya dictamen», aunque «no es el nuestro, que lo haremos como voto particular».

Las conclusiones que se han aprobado y se elevarán a pleno son, por tanto, las de Vox y Ciudadanos. Las primeras son más duras en sus términos: hablan de «irregularidades, que no son sólo las que señaló el Banco de España, sino que fueron otras más los avales concedidos sin las garantías y procedimientos adecuados».

También señala Vox que «Avalmadrid ha incumplido los requerimientos del Banco de España» y se ha saltado la «mínima conducta ética», entiende que ha habido «injerencia directa por parte de cargos políticos de la Comunidad de Madrid para influir en los criterios técnicos de concesión de avales de Avalmadrid», lo que ha llevado a la entidad a tomar «decisiones contrarias a las que se inferían de los informes de sus analistas de riesgos y del propio objeto de la compañía». Concluye que la Comuidad de Madrid «no ha fiscalizado debidamente el uso de las aportaciones para el Fondo de Provisiones técnicas que ha transferido a Avalmadrid».

Por su parte, el dictamen de Ciudadanos también aprecia que se produjeron algunas «injerencias que pudieron ser irregulares o, al menos, anómalas» en operaciones con el Grupo Marsans. Y destaca que la comisión detectó «un potencial conflicto de intereses» en algunas operaciones precisamente relacionadas con entidades del Grupo Marsans y del Grupo Cantoblanco. Aprecia «falta de profesionalidad y diligencia en el equipo directivo de AvalMadrid».

En lo que se refiere al aval concreto otorgado a MC Infortécnica, S. L. , empresa en que participaba el padre de Díaz Ayuso, recuerda Ciudadanos que «Más Madrid presentó escrito y documentación ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad el pasado 11 de septiembre de 2019 para denunciar unos hechos ocurridos en 2011 que, a su juicio, podían ser constitutivos de delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias» pero «el 13 de noviembre de 2019, la Fiscalía dictó Decreto por el que acordó archivar la denuncia al entender que de los hechos denunciados no se puede concluir que existan indicios de delito».

Lo relevante ahora, a juicio de Cs, es «recuperar la credibilidad, la confianza y el buen hacer de AvalMadrid para seguir siendo una instrumento útil y necesario para las empresas, pymes y autónomos madrileños», y destaca en este sentido lo que se ha hecho desde que la formación naranja entró en el Gobierno de Madrid en relación con esta entidad : «Implementación de prácticas de buen gobierno corporativo, con transparencia, independencia y profesionalidad para evitar potenciales riesgos no financieros, particularmente el conflicto de interés», «un marco de gobernanza sólido con un relevo en la mayoría de miembros del Consejo de Administración y en las Comisiones Delegada», y «protocolos de actuación frente situaciones en las que surjan conflictos de interés así como operaciones vinculadas».

Desde el Partido Popular, su portavoz Alfonso Serrano insiste en que toda la comisión fue «un paripé para culpar a Díaz Ayuso. Lo que concluya la izquierda me la trae al pairo: es lo mismo que decían antes de empezar y no han podido demostrar ninguna de sus acusaciones» porque «obvian que la justicia ha tumbado esas infamias», ha concluido.

Las conclusiones populares, que no se han aprobado, señalan que la comisión «no debió crearse. Ha sido un abuso de poder contrario al Reglamento» porque «la Asamblea de Madrid no tiene competencia sobre una sociedad como Avalamadrid». Entienden que la firma «ha funcionado de manera correcta de acuerdo a las normas del momento», y aseguran que «el Banco de España no ha sancionado por la supuesta concesion irregular de avales. Por lo tanto las acusaciones de la oposicion que justificaron la comision son falsas».

En cuanto al aval a la empresa del padre de Díaz Ayuso, recuerdan que «era socio minoritario» y que la operación «fue absolutamente correcta, tal y como ponen de manifiesto los informes económicos» y «confirma el archivo de la Fiscalia, que determinó que no hubo irregularidad, ni alzamiento de bienes, ni trafico de influencias ni dejadez de Avalmadrid para recuperar deudas por impago».