Frente policial y fiscal para lograr órdenes de alejamiento de los ladrones reincidentes

El objetivo es conseguir la colaboración policial para que los atestados se redacten de forma correcta e incluyan datos imprescindibles, como la profesionalidad y habitualidad de los delincuentes. Con esa información, el fiscal puede solicitar al juez la orden de alejamiento, una medida orientada a proteger las grandes superficies, como los centros comerciales, y las redes de transporte público, como el Metro de Madrid , hábitat natural de estos criminales.

Si bien es cierto que no es una novedad —se trata de un mecanismo previsto en el Código Penal—, hasta la fecha, la orden de alejamiento es una medida «infrecuente», según la Fiscalía. No obstante, este cambio de rumbo ha sido motivado por una «sentencia novedosa» del Tribunal Supremo . Además de condenar a tres meses de prisión a dos carteristas, por intentar robar un móvil, el fallo les prohibió acudir a las instalaciones del suburbano de Barcelona, donde acostumbraban a delinquir, durante nueve meses.

Claro que no es el primer caso, tampoco en Madrid. La primera orden de alejamiento dictada en la capital data de febrero de 2017, cuando se impuso a una banda de rumanos que sustrajeron hasta 23.000 euros de una tienda de Apple . El Corte Inglés de la calle de Preciados, el Zara de Gran Vía, un Carrefour Express, los establecimientos de la marca Desigual, la sala Teatro Barceló, el entorno del Palacio Real y la plaza de España son otras zonas que también han sido vetadas a ciertos delincuentes. Lo mismo ha ocurrido en el suburbano, uno de los puntos calientes de los hurtos.

La iniciativa de la Fiscalía obliga al delincuente, al menos, a pensárselo dos veces antes de reincidir, el principal problema de este tipo de delito, que supone el 37% del total de infracciones cometidas (300.241) en la Comunidad de Madrid. De hecho, entre enero y septiembre del año pasado, se produjeron 112.253 hurtos, un 2% más que en 2018.

Así, se trata de una «medida disuasoria» , ya que los delincuentes «se ventilan los juicios rápidos y al día siguiente lo vuelven a hacer», apuntan desde la Fiscalía. Romper la orden de alejamiento es un quebrantamiento de condena y, a diferencia del hurto —un delito leve si el robo es menor de 400 euros— se trata de un hecho grave. Y que, en última instancia, significa acabar entre rejas.