El Defensor del Pueblo pregunta a Carmena qué está haciendo para erradicar los «narcopisos» de Vallecas

En cuanto al Plan de Actuación Integral del distrito, aprobado en diciembre pasado por todos los grupos, Marugán pregunta cuándo, cómo y dónde se van a aplicar las medidas destinadas a regenerar el distrito, ya que al zona del casco viejo sigue degradándose.

El toque de atención del responsable de esta institución al Consistorio obedece a la reunión que mantuvieron los residentes que integran la Plataforma Vecina l, en la que denunciaron el estado del barrio. Según indicaron había aumentado la inseguridad como consecuencia de la proliferación de estas viviendas dedicadas a la venta de droga, más de una treintena (33), según el censo de la Junta Municipal. De ellas, se han desmantelado 23 y se ha detenido a medio centenar de personas, indican desde la Delegación del Gobierno.

Los vecinos mostraron también al Defensor del Pueblo su preocupación por la existencia de varios solares en estado de abandono, llenos de basura y suciedad, que son utilizados por toxicómanos. También se quejaron del consumo constante de alcohol en la vía pública, las molestias generadas por discotecas, los mercadillos ambulantes, y la ocupación y el uso no adecuados de espacios públicos, entre otros problemas.

Según lo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el Plan de Actuación debería implicar a todas las administraciones competentes ( Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno ) e impulsar acuerdos de colaboración suscritos con la Federación de Regiones (FRAVM) y asociaciones de vecinos del distrito, para la regeneración integral de los barrios de San Diego, Entrevías y Numancia.

Ayer, el Ayuntamiento de Madrid pidió por fin a la Delegación de Gobierno el permiso para la instalación de 25 cámaras de videovigilancia en los alrededores del bulevar de Peña Gorbea, una de las medidas destinadas a erradicar el problema de los «narcopisos». Dicha petición se acordó en la Junta Local de Seguridad de noviembre pasado.

El plazo que se prevé ahora es que el proceso duré entre 6 y 8 meses. No obstante, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha mostrado su intención de acelerar al máximo el proceso.

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