Confusión, «prácticas abusivas» y retrasos lastran las ayudas a las pymes en la crisis del coronavirus

«Los fondos se retrasan y los empresarios los necesitan ya», cuenta el presidente de Ceim (Confederación Empresarial Independiente de Madrid), Miguel Garrido . Se refiere a la línea de créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial), avalados al 80 por ciento por el Estado, para garantizar la liquidez de las empresas. «La primera cantidad de 20.000 millones de euros ya ha demostrado ser insuficiente por la alta demanda», explica Garrido. La mitad de esa primera ronda estaba destinada a pymes y autónomos, pero hacía falta más. Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde el pasado jueves a otros 20.000 millones en avales públicos. No obstante, el tiempo apremia. «Las operaciones están aprobadas en muchos casos, pero pendientes», dice Garrido, que espera que a finales de esta semana los bancos ya dispongan de los fondos. «Es una situación de absoluta emergencia, cada día que pasa se puede agravar», añade.

A estas demoras se suman, como han denunciado en un comunicado decenas de pymes madrileñas –de ocio, turismo, cultura, comercio y transporte–, las «prácticas abusivas» de las entidades financieras a la hora de comercializar estos préstamos. «Se producen irregularidades y el ICO te cuesta tres veces más», asegura el presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor, José Antonio Aparicio . Aunque no da nombres ni apellidos, tiene numerosos testimonios de sus asociados, 110 restaurantes y bares del centro de la capital; el 90 por ciento de ellos, por cierto, han presentado un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). «Casos en los que las sucursales han querido imponer la contratación de un seguro de vida para conceder el ICO, intereses disparados, trabas burocráticas...», enumera. «Aunque los bancos aseguran tener las mismas condiciones, no es así. Llaman a preguntar con qué banco has hablado, para trapichear con las condiciones y ser más agresivos», afirma el presidente de la Asociación de Empresas de Distribución de la Comunidad de Madrid (Aedisma), José Ferrer. Estas 37 entidades, responsables de suministrar al 90 por ciento del sector Horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías) de la región, están de brazos cruzados.

En tiempos de coronavirus , y ante la avalancha de solicitudes de crédito, Aparicio insiste en la importancia de que los bancos olviden los beneficios:«Deben ser simples transmisores de las ayudas del Estado», zanja. «O las administraciones tienen la sensatez de agilizar y controlar los procesos, o esto va a ser un desastre», añade Ferrer. Al margen de estas dificultades, los afectados intentan sobrevivir bajo una misma condición, que pesa como una losa: la incertidumbre. «¿Cómo sé cuánto voy a necesitar si no sé cuánto estaré cerrado?», esgrime Ferrer.

No saber qué deparará el mañana acongoja a muchos, no solo respecto al final de esta crisis sanitaria , sino por las decisiones que establecen los gobiernos de forma apresurada. «Se han dictado innumerables decretos, hay una inflación de normas», dice el presidente de Cocem (Confederación de Comercio Especializado de Madrid), Armando Rodríguez. Nuevas reglas, casi a diario, que abocan a la confusión: «No hay una planificación, generan muchas dudas de interpretación, muchas lagunas», opina Rodríguez. Por ejemplo, la prohibición de toda actividad no esencial ya fue un quebradero de cabeza para algunos y las resoluciones de los ERTE mantienen en vilo a muchos empresarios. «Hay cuestiones que cambian permanentemente», dice el presidente de Ceim. «Pedimos mucho más rigor, medidas más claras», agrega.

La lista de peticiones, no obstante, es extensa. La semana pasada, más de 70 organizaciones se sumaron al manifiesto de Ceim para instar, tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos, a proteger a las empresas con decisiones más «contundentes». «La única receta es preservar a las empresas para salvar el empleo, el mejor escudo social», asegura Garrido. Para el presidente de Ceim, es urgente permitir de forma inmediata la flexibilidad laboral . «Que las empresas puedan adaptar sus plantillas según recuperen la actividad», expone, en lugar de salvaguardar los puestos de trabajo durante seis meses, como establece uno de los tantos reales decretos.

Durante este paréntesis, sin fecha de caducidad, el objetivo es «dar una patada hacia delante a los costes fijos», en palabras de Aparicio, que regenta dos restaurantes en el corazón de la capital. Los alquileres de los locales pero, sobre todo, las cargas sociales –pagos a la Seguridad Social –, representan el grueso de los gastos de comerciantes y hosteleros, entre el 30 y el 40 por ciento. Y todavía tienen que asumirlos. «Si no hay ingresos, no puede haber gastos», declara Rodríguez.

Sin embargo, la preocupación no se restringe al presente. Los comercios, los primeros en sufrir las consecuencias del Covid-19, serán los últimos en recuperar la normalidad . Una vuelta que se antoja «escalonada y larga en el tiempo», según Aparicio. «El gran problema es que las circunstancias en el momento en el que abramos van a ser de demanda cero», lamenta Aparicio. Con ello en mente, reclama que la rebaja de la tasa de terrazas , que solo atañe a tres meses del año, se extienda más tiempo. «Lo importante no es lo que se inyecte ahora para ayudar, sino las medidas de después», recuerda Rodríguez. «Solo podremos recuperarnos cuando el escenario de actividad comercial sea idéntico al del 12 de marzo», apunta Aparicio.

Mientras llegue ese momento, las administraciones hacen un esfuerzo por proteger a los pequeños empresarios. La semana pasada, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida aprobó el desembolso de 180 millones de euros, en forma de avales, subvenciones, moratorias y rebajas de tasas. Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destinado 220 millones para cubrir las cuotas de autónomos, facilitar avales y dar ayudas directas.