La Comunidad de Madrid espera el respaldo judicial a sus últimas medidas anticovid para poder extenderlas

En la Real Casa de Correos esperaban ayer la decisión del TSJM sobre el asunto . Previamente, se conoció que la Fiscalía de Madrid no consideraba necesaria la ratificación judicial de las medidas aprobadas por la Comunidad contra el Covid-19. Este escrito lo remitió la propia Fiscalía el pasado martes día 25 al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, cuyo titular, Alfonso Villagómez, rechazó ratificar la orden de la consejería de Sanidad. 24 horas después de recibirse ese escrito, el juez precisó a través de los medios de comunicación que él no había anulado nada, y que la disposición regional está vigente.

El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que además es juez, lamentó que el auto de Villagómez fuera «confuso» y que no hubiera respondido a la petición de la Comunidad de aclararlo. «Lo aclaró en un medio de comunicación, y no en el auto de ratificación. Por prudencia, esperaremos a la resolución del TSJM», insistía ayer el consejero.

En el Gobierno regional esperan que les sea favorable, ya que eso supondría un «respaldo legal» para el resto de medidas de protección contra los contagios en las que ya están pensando, y que ayer adelantaba el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Tendrán que ver con «recortar los grupos» y «revisar cómo estamos en hostelería y terrazas» . Es algo que, confesó, «lo tenemos en la cabeza, pero hace falta un respaldo legal para evitar lanzar mensajes contradictorios» a la población.

En todo caso, consideró «un dislate» plantear la posibilidad de un nuevo estado de alarma. Lo argumentaba con un ejemplo. El Ejecutivo autonómico ha podido ordenar el cierre de la hostelería y los mercadillos en un municipio como Tielmes , con 2.700 habitantes, para evitar la transmisión comunitaria del virus, pero no sería factible «cerrar» distritos como Villaverde o Usera, con cerca de 150.000 habitantes cada uno de ellos, equivalente a capitales de provincia como Logroño, Badajoz, Salamanca, Huelva o Lérida.

Para el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, el estado de alarma «autonómico» tampoco sería una salida. De hecho, cree que el problema radica en la falta de liderazgo del Gobierno de la Nación. «No se puede hacer frente a una pandemia que es global con 17 legislaciones distintas», dijo en referencia a las distintas comunidades autónomas y su toma de decisiones sin coordinación nacional.

Aguado lamentó, en todo caso, que «como consecuencia de una falta de legislación expresa, una falta de autorizaciones legales expresas y como consecuencia de esta orden judicial», en la Comunidad de Madrid no se ha podido cerrar el ocio nocturno y no se ha podido prohibir el consumo de bebidas o alimentos en el Metro de Madrid, medidas que las autoridades sanitarias de la región consideraban «necesarias» para frenar el virus.

Por otro lado, desde el PSOE se insistía ayer en la necesidad de que el Gobierno de la Comunidad acepte la oferta que le ha hecho el Ministerio de Defensa de utilizar 2.000 rastreadores del Ejército para frenar la expansión de los contagios. El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Cepeda, lo pidió expresamente, al tiempo que solicitaba al Ejecutivo de Ayuso «dejarse de sectarismos».

López reprochó que no se hubieran puesto «antes» a disposición de las comunidades estos rastreadores, cuando la situación epidemiológica lo requería en Aragón y Cataluña en los meses de junio y julio, dijo.

Por su parte, los empresarios del ocio nocturno también esperan la resolución del TSJM, pero con el deseo de que «tumbe» la orden de Sanidad que les condena al cierre de sus negocios para poder funcionar como hasta entonces. El portavoz de la asociación Noche Madrid, Vicente Pizcueta, indicaba ayer que recurrirán la orden del Gobierno regional que prohíbe fumar si no se mantiene la distancia de seguridad y decreta el cierre del ocio nocturno, entre otras cuestiones, si la Justicia finalmente decide ratificarla. Cree que «se ha puesto en la diana a un sector como cortina de humo por parte del Gobierno central», sin razones epidemiológicas a su entender