La Comunidad de Madrid amplía el plazo para presentar alegaciones a los afectados de Camorritos y Navacerrada

La prórroga da un nuevo margen de tiempo para que los actuales ocupantes de la histórica colonia, en Camorritos, y de los numerosos apartamentos ubicados en pleno Puerto de Navacerrada puedan presentar más documentación. Con ella pretenden demostrar que son « propietarios de pleno derecho » ante la tesis de la Comunidad y el Ayuntamiento, que entienden que se trata de una concesión de 99 años. Ambas administraciones apelan a esa caducidad fijada en la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 de la que los titulares de esa ocupación consideran que no puede aplicarse retroactividad. Y es que en ninguno de los documentos que certifican la titularidad de ese derecho de concesión –escrituras o certificaciones registrales– consta plazo alguno de caducidad. Tampoco en las Reales Órdenes de 1920 y 1921 por las que se concretaron las concesiones. «La finca de este número está sujeta a las condiciones impuestas a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama en la concesión efectuada a la misma por la Real Orden de dieciséis de Abril de mil novecientos veinte [sic], citada por la Dirección General de Agricultura, de la que no consta plazo de duración de la concesión», rezan las certificaciones registrales a las que ha podido tener acceso este diario .

Desde la Asociación de Titulares Afectados de la Colonia de Camorritos agradecen la ampliación de este plazo. De momento, según defienden, la Comunidad de Madrid es la única administración que ha escuchado su particular situación. El viceconsejero de Medio Ambiente, Mariano González , recibió a representantes de esta asociación durante la segunda semana del mes pasado y aseguró que el Gobierno regional analizará pormenorizadamente cada una de las alegaciones. «Entendemos que es un asunto muy complejo y que la situación fáctica de cada afectado es diferente», explicó tras el encuentro a este diario. Asimismo llamó a ser «muy prudentes» por estar en una fase inicial del expediente. «No hay que alimentar ningún tipo de especulación», insistió. «La documentación recibida es voluminosa ya que, además de la propia alegación, hay interesados que adjuntan poderes de representación, escrituras de compraventa, notas simples del Registro de la Propiedad, documentos para acreditar herencias, justificantes de pago de impuestos o volantes de empadronamiento, y es preciso revisar toda la documentación. Ya se han recibido alegaciones por parte de casi 300 de esos más de 800 interesados», aseguran desde la Comunidad.

Frente a esa recomendación, el Ayuntamiento de Cercedilla publicó hace unas semanas en su página web un folleto informativo en el que explica a sus vecinos, pormenorizadamente, los planes que el Gobierno local tiene para esas viviendas. El Consistorio parrao decidió así aumentar la presión sobre los afectados para reclamar la titularidad, no solo del terreno que se cedió en 1920 a la Sociedad Anónima de Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama, sino de los bienes inmuebles que hay en ellos. Incluso se plantea pedir «indemnizaciones» en caso de que los afectados no entreguen las viviendas que, a tenor de lo descrito en el documento municipal, ya considera de su titularidad. «El valor actual de todos estos inmuebles municipales es muy considerable y su posible explotación a través de nuevas concesiones podría reportar a los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada ingresos importantes», se puede leer en la web del Consistorio. Por su parte, los afectados no descartan «querellarse» contra el alcalde por considerar que parte del contenido de ese folleto puede ser «constitutiva de delito». «Hemos puesto el tema en manos de un penalista», aseguran.

La Asociación «Puerto de Navacerrada» remitió, el pasado 28 de febrero, una carta a Luis Miguel Peña criticando la finalidad de este folleto. «Creo que se están preparando para quedarse con nuestras casas sin darnos opción a negociar cualquier otro tipo de solución», afirma en ella su presidente, Andrés Pino. «Se ha realizado de espaldas a los vecinos, con el dinero de nuestros impuestos y sin ninguna publicidad, midiendo bien los tiempos. Más bien parece una estrategia para desposeer a unos vecinos de sus casas», critica en la misiva a la que ha tenido acceso ABC. Asimismo, recuerda que en las viviendas afectadas en el Puerto de Navacerrada «viven familias que tienen hipotecas pendientes de pago y que ahora mismo viven angustiadas ante la situación». «O personas que han invertido todo el dinero ganado con esfuerzo en estas viviendas pensando en su futuro y ahora ven que se las quieren alquilar a otros», concluye.