Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, el fallo rubricado el pasado viernes «pone en evidencia la precipitación» con la que el Gobierno de Manuela Carmena puso en marcha Madrid Central, ya que se realizó sin el preceptivo periodo de información pública ni la memoria económica imprescindible para su entrada en vigor, tal y como ha señalado el TSJM en las seis resoluciones a las que ha tenido que responder desde que se aprobó esta medida, en octubre de 2018.
Aunque los fallos del tribunal son claros y todos coinciden en la anulación parcial de la norma, aún no son firmes, puesto que los autos pueden recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo , por lo que las multas seguirán en vigor hasta que se cierren de forma definitiva los casos. AEA considera que, «por prudencia», el Ayuntamiento «debería suspender la tramitación de dichos expedientes sancionadores y aprobar una nueva ordenanza, ya que si se espera al pronunciamiento del Alto Tribunal, lo cual puede tardar años, la deuda que tendría que devolver en su día con intereses a los ciudadanos podría alcanzar el medio billón de euros».
Seguirá en vigor
En este sentido, mientras se resuelve el embrollo legal, desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad aseguraron que la regulación de Madrid Central continuará en vigor mientras las sentencias no sean firmes. «Hasta que llegue ese momento se mantendrán vigentes las restricciones y prohibiciones recogidas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible y se sancionará su incumplimiento », aseguraron.
No obstante, en las próximas semanas, el Ayuntamiento someterá a aprobación inicial, en la Junta de Gobierno, la modificación de la Ordenanza de Movilidad, así como su sometimiento a información pública para resolver, así, los defectos de la actual que han sido anulados.
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