Ayuso aprueba este miércoles el blindaje a la educación concertada

Se trata de una apuesta que fue anunciada el pasado mes de septiembre por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el marco del debate del estado de la región. Una vez tenga el visto bueno esta semana del Ejecutivo madrileño, se elevará a la Asamblea, donde comenzará su tramitación para llegar a su debate y posterior votación. La aprobación está prácticamente asegurada , al contar, de salida, con los apoyos de la otra pata del Gobierno, la de Cs, y del socio parlamentario preferente, Vox.

Lo que se pretende es blindar la libertad de elección del tipo de educación por parte de las familias, «con un guiño especial a la especial y a la concertada». «Precisamente, estas dos modalidades se ven seriamente amenazadas por la Ley Celaá . La futura normativa regional regula la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo», explican fuentes gubernamentales.

Para los impulsores de este texto, «la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con características educativas especiales es la creación de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos».

Consideran que, «cuando estos manifiesten necesidades educativas especiales que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios, se garantizará su escolarización en centros de educación especial».

La Ley Maestra de Libertad Educativa, por tanto, tendrá en cuenta la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un centro de educación especial, para que sea la decisión que mejor se adapte a las necesidades de cada alumno.

En lo referente a la concertada, la Comunidad pretende garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, «teniendo en cuenta la oferta de plazas de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social». Consideran en el gabinete de Isabel Díaz Ayuso que «este concepto ha quedado excluido en la denominada Ley Celaá, como criterio para determinar esta oferta de plazas educativas y que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación».

Los datos oficiales señalan que en el presente curso escolar, el 29,6% de los alumnos madrileños estudian en un centro concertado , un porcentaje que en Madrid capital, según los datos del curso 2019/2020, es muy superior. De los 347.435 estudiantes que cursaban en centros sostenidos de la ciudad con fondos públicos durante, el curso 2019/2020, 204.145 (es decir, el 58,75%) lo han hecho en centros concertados, mientras que los restantes 143.290 (41,25%) en centros públicos.

Además, en 14 de los 21 distritos, las familias optaron de manera mayoritaria por matricular a sus hijos en colegios concertados , siendo igualmente superior en algunos de los distritos que tienen una renta per cápita más baja de Madrid.

«El compromiso de la Comunidad con la libre elección de centro educativo se traduce en que el 94% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años», indican en la Consejería de Educación.