La Asamblea aprueba por unanimidad que no se corte el suministro de agua por impago del recibo

La tarifa del agua en Madrid es, según la empresa pública, un 25 por ciento inferior a la media nacional. Además, están congeladas desde el año 2013. A esto se añade que desde 2016, la empresa pública Canal de Isabel II, «no realiza cortes de agua a familias o personas vulnerables o en riesgo de exclusión», una política que se mantendrá más allá de 2021, comprometen desde esta empresa, dependiente de la consejería de Medio Ambiente que dirige Paloma Martín.

Canal cuenta con unas tarifas sociales que abaratan hasta un 80% del coste de los servicios. Son los trabajadores sociales de municipios o administraciones públicas quienes determinan qué familias deben tener acceso a dicha tarifa social.

En el caso de los usuarios que no tienen reconocida una situación de vulnerabilidad, pero atraviesan dificultades económicas, explican, «antes de llegar a la suspensión del suministro por falta de pago se intenta determinar la razón por la cual el cliente no paga, ya que puede haber múltiples causas y en todos los casos, en la medida de lo posible, se trata de resolverlas».

En este momento de especial debilidad económica debido a la pandemia, el Canal ha aprobado bonificaciones de hasta el 80% en la factura del agua, de la que se benefician tanto industrias como particulares, y que ha beneficiado hasta septiembre de 2020 a más de 25.000 clientes, que se han ahorrado más de 3,5 millones de euros desde el inicio del estado de alarma en marzo de 2020.

En el Canal consideran que «prolongar la prohibición de corte a colectivos no afectados por la pandemia, podría favorecer el uso suntuario del agua, el derroche irresponsable de un recurso escaso en nuestra Comunidad o el fraude de agua en perjuicio de todos los madrileños».

La crisis económica producida como consecuencia de la pandemia está generando problemas de liquidez en mucha familias madrileñas. «En estas circunstancias, es imprescindible evitar cortes de suministros básicos, en este caso agua, a las familias con especial necesidad», ha defendido el diputado socialista Rafael Gómez Montoya. Esta actuación, no cortar el suministro en caso de impago de los recibos, es un «ejemplo del refuerzo del escudo social para proteger a los más vulnerables durante la pandemia», señaló el diputado del PSOE.

Según datos del último informe Foesa, un 16 por ciento de la población de la Comunidad está en riesgo de exclusión social. La proposición no de ley aprobada en el pleno del jueves fija la moratoria en los cortes de suministro hasta el 31 de enero del próximo año, aunque ya contiene previsiones para su ampliación temporal en función de cómo evolucione la pandemia y sus consecuencias