Octavio Ruiz-Manjón - Análisis

Adiós al Comisionado

Actualizado:

Casi ochenta años después de la finalización de la Guerra Civil, algunos españoles –profesionales de la política muchos de ellos– parecen empeñados en revisar el relato de aquella «ola de odio y criminalidad», como la describió Julián Marías. Que se hayan publicado casi cincuenta mil estudios desde que se desencadenó el conflicto no impide que algunos tengan la desfachatez intelectual de hablar de un «pacto de silencio», sin que nadie haya sido capaz de decir quiénes firmaron ese pacto ni cuándo se produjo.

Una parte importante en esa voluntad de revisar el relato de la guerra procede de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocían y ampliaban derechos y se establecían medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Es la llamada Ley de la Memoria Histórica, a pesar de que la expresión «memoria histórica» nos repugna a muchos historiadores que entendemos que la memoria es una facultad individual que no debe ser confundida con las representaciones colectivas.

De hecho la ley habla repetidamente de «memoria personal y familiar» y sólo utiliza la expresión «memoria histórica» para referirse a la creación del Centro Documental en Salamanca. Pero hay que reconocer que la expresión «memoria histórica» ha triunfado, como el «de que» de los informativos de radio y televisión.

Esperemos que ninguna de las dos la hagan obligatoria. En todo caso la ley se correspondía con las necesidades de una sociedad democrática que, recuperadas sus libertades políticas, se había impuesto el deber de «fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles» (art. 1.1).

De acuerdo con esos principios el Ayuntamiento de Madrid decidió la creación de una comisión de siete personas, sugeridas en algún caso por los grupos políticos, para adecuar a la vida madrileña las indicaciones contenidas en la Ley. La mayor parte del resultado de ese trabajo está contenida en un libro que se presentó el pasado viernes en el Ayuntamiento.

En él se han hecho propuestas sobre distinciones honoríficas, lugares de la memoria, denominaciones de calles y reconocimiento de personas e instituciones, que podrán ser llevadas a la práctica por las autoridades municipales, aunque ya ha habido intervenciones de otros poderes del Estado que tal vez obliguen a modificarlas.

En cualquier caso lo fundamental del trabajo ya estaba realizado y la mayoría de los miembros del Comisionado juzgaron que era oportuna su disolución antes de que, en las últimas semanas, se haya puesto de manifiesto la discrepancia del Comisionado con los grupos municipales del PSOE y de Ahora Madrid, partidarios de poner una lápida en el Cementerio de La Almudena en la que aparezcan los nombres de las casi tres mil personas que fueron fusiladas en sus tapias, tras juicios sumarísimos, entre 1939 y 1944.

Dado que entre esas víctimas había también un considerable número de personas que habían sido notorios asesinos durante los años de la Guerra Civil, el Comisionado opinó, de forma unánime, que se contribuía mejor a la «pacificación social» si no se hacía mención expresa de esos nombres, pero la sugerencia ha sido rechazada por la alcaldesa y por los dos grupos ya citados.

De ahí la decepción de algunos de los que hemos trabajado en ese Comisionado al llegar el momento de dar por acabado un trabajo que, con mayor o menor acierto, hemos realizado con dedicación y voluntad de contribuir a una verdadera reconciliación.

Como ya escribió Voltaire hace dos siglos, «a los muertos sólo se les debe la verdad».

Octavio Ruiz-Manjón es Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid