Los letrados del Congreso respaldan a los del Senado contra la amnistía

Cuesta encontrar una reacción entre los letrados de una de las cámaras, pero una vez que aparece una grieta, la visión que se tiene desde dentro es clara. «Subscribo al cien por cien lo que dice el Senado. Y muchos de mis compañeros también lo hacen», explica a ABC uno de los juristas del Congreso. La conversación se mantiene en el anonimato porque «hay miedo a pronunciarse», reconoce, en referencia a las posibles represalias de la Secretaría General dirigida por Fernando Galindo. El actual letrado mayor, de pasado socialista -era subsecretario de gabinete de Isabel Rodríguez en el ministerio de Política Territorial- fue el autor del informe de admisión a trámite elaborado por el Congreso para dar entrada a la proposición de amnistía impulsada por el Gobierno.

Un dictamen laxo, que fue muy criticado dentro de la propia cámara. Tanto, que la mayoría de los letrados se desmarcaron de él, evitando poner su firma y rechazando su contenido. Una división que contrasta con lo que ha ocurrido en el Senado, donde el informe realizado por el equipo de Sieira ha ido acompañado de la firma de todos los miembros de su equipo, además del visto bueno del resto de juristas de la Cámara Alta.

Apoyo al que se unen en privado muchos de sus compañeros de la Carrera de San Jerónimo. «Es el informe que nos hubiera gustado que se realizara aquí», explica otra fuente cercana al cuerpo adscrito al Congreso. «No es un capricho de los letrados. Están obligados a analizar el fondo y la forma de las proposiciones. Y en este caso se trata de un escrito muy completo y muy bien argumentado. El de aquí -por el elaborado por Galindo- es un informe descriptivo, que se limita a exponer una situación. Recurre a lo palmario, que es una manera de salirse por la tangente. Decir que algo es palmario es como decir que alguien es alto o bajo. Son expresiones que posponen la solución del problema, que aplazan la respuesta», apunta.

En los despachos de los letrados del Congreso no se habla del nuevo informe «por prudencia». «El que manda tiene muchas posibilidades de control y lo que hay es mucha cautela. Hay algunos que opinan que la ley es constitucional y que apoyan incluso el primer informe, pero son los menos», explican las fuentes consultadas.

Esos que estarían del lado de Galindo son los juristas que el secretario general se trajo desde el Senado cuando aterrizó en el sillón. Media docena de fieles en los que se apoya para sus decisiones. El mayor desembarco se produjo la semana del 30 de enero, cuando la Mesa aprobó cinco de esos nuevos nombramientos. Justo dos semanas después de que Pedro Rollán formalizara la llegada de Sara Sieira como letrada mayor del Senado.

La nueva secretaria general de la Cámara Alta no tiene vínculos políticos conocidos y de ahí que el dictamen elaborado en los últimos días tenga más valor. Al menos en el mundo jurídico. «Algunos están lanzando el mensaje de que este informe lo han hecho letrados del Partido Popular y no es así. Ni Sara Sieira ni ninguna de las letradas adjuntas a la Secretaría General del Senado -Paloma Martínez e Isabel Abellán- tienen vinculaciones con ningún partido. Es un equipo muy profesional. Galindo está mucho más implicado políticamente que ellas», afirma una de las fuentes consultadas.

Además de quedar señalado por esa vinculación evidente con el PSOE, el nuevo informe elaborado por el Senado, que critica el fondo y la forma de la ley de amnistía, ha dejado en mal lugar a Fernando Galindo. «Está señalado, como todos y cada uno de los altos funcionarios que pierden su dignidad apoyando lo inaceptable». La frase es de otro de los letrados del Congreso que prefiere mantener su anonimato, pero que desvela una fractura evidente.

Los juristas de la Cámara Baja consultados elogian el informe del Senado, que desvela varias debilidades de la amnistía que podrían hacerla descarrilar en el Tribunal Constitucional (TC). «Pone de manifiesto los defectos de la ley, tanto desde el punto de vista procedimental como material. Sobre esto último, se puede decir muchas cosas, pero la más importante es que la amnistía no está prevista en la Constitución como una ley orgánica. Las leyes orgánicas son solamente las que la Constitución dice que deben serlo. El carácter orgánico de la ley lo da la Carta Magna, no el legislador. Parece un tema menor, pero muchas veces los grandes asuntos, cuando son examinados por los tribunales, caen por pequeños detalles como este», señalan fuentes del Congreso.

Es ahí donde se abre el cisma entre las dos cámaras, pues el Senado entiende que se trata en realidad de una reforma constitucional -«para que no fuera así, el artículo 14 tendría que decir que 'todos los españoles son iguales ante la ley, a no ser que se apruebe una amnistía»- y no una ley orgánica. De ahí el choque institucional iniciado por el PP y Vox. La tramitación atropellada es otro de los asuntos que denuncia el Senado y que hacen suyo juristas consultados de la Cámara Baja. «Todo lo que ha pasado es insólito: votación en contra del dictamen y aún así vuelve a la comisión, donde desaparece el informe de ponencia... Parece que hubieran diseñado la tramitación a propósito para la ley. Como si se hubiera ajustado el procedimiento a la finalidad de la norma», denuncian.

«Esto lo recoge muy bien el informe de la Comisión de Venecia, cuya versión final es aún más crítica con la amnistía que su borrador inicial. Denuncia que la ley no puede hacerse para personas concretas ni con división. Y división es precisamente lo que hay», resume una de las fuentes consultadas, que pone el foco en ese cisma abierto con la versión amable que Galindo presentó de la amnistía y las posteriores de los letrados de la Comisión de Justicia del propio Congreso y los del Senado.