El CGPJ también se dispone a tumbar la amnistía en el informe que enviará al Senado

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron a ABC que la mayoría de los vocales están dispuestos a apoyar el informe elaborado por el vocal Wenceslado Olea, que defiende que la amnistía no tiene cabida en la Carta Magna. Así, las fuentes citadas sostienen que el texto contrario a la amnistía saldrá adelante con el mínimo de nueve votos necesarios para alcanzar esa mayoría absoluta, por lo que el segundo informe, el de la progresista Mar Cabrejas -en el que ha participado el que fuera director del Gabinete de la socialista Meritxell Batet cuando presidía el Congreso- quedará en minoría.

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Nati Villanueva

Es una incógnita la posición del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que podría votar con los nueve conservadores o votar en blanco. Es la opción por la que se decantó el pasado noviembre con motivo de la declaración institucional en la que el Consejo expresó su «intensa preocupación» por la «degradación, cuando no abolición», del Estado de derecho en España. Guilarte consideró entonces que mientras no se conociera el texto de la amnistía el debate debía quedar residenciado en el terreno estrictamente político.

El informe que, salvo imprevistos de última hora, será aprobado por el Consejo señala que esta amnistía no tiene como causa «directa e inmediata» el interés general que proclama, sino el acuerdo del pasado 9 de noviembre entre el PSOE y Junts per Catalunya. Apunta que el hecho de que la Constitución excluya de manera consciente la amnistía, exige al legislador justificar la adecuación de la proposición «a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la Carta Magna impone a la potestad legislativa, algo que no se aprecia» en este caso.

El texto señala también que la proposición de ley «socava» el derecho a la igualdad y el principio de separación de poderes, al no resultar «admisible» que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como los indultos particulares.

También vulnera el principio de seguridad jurídica, porque la «amplia indeterminación» de los preceptos desembocará en interpretaciones jurídicas diversas y en que la crítica social sobre la eficacia de la ley se concentre en los jueces que la apliquen.