El juez de Tsunami investiga si la Generalitat permitió el boicot de la jornada de reflexión en 2019

Así se desprende del auto notificado este lunes por el que resuelve citar el próximo día 22 por videoconferencia y desde Barcelona a la decena de investigados por ilícitos de terrorismo que señaló el pasado noviembre como presuntos impulsores de la plataforma. Las comparecencias tendrán así lugar días antes de que la ley de amnistía vuelva al Congreso, después de que el Senado la rechace este martes, y también antes de que arranque la campaña de las elecciones europeas.

En la resolución, el instructor adopta también esta decisión que amplía la causa aunque sea preliminarmente, para luego dirimir si la Audiencia Nacional es competente para investigarlo. El origen está en los hallazgos en la línea de investigación que se centra en las protestas que recorrieron Cataluña aquella jornada y que es uno de los puntales del magistrado para sostener que el fin de la plataforma era «subvertir el orden constitucional», en tanto que aquel día el objetivo era interferir en las elecciones.

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«Hasta ahora conocíamos que la acción del 9 de noviembre de 2019 incumplió el mandato legal de respetar el día de reflexión perturbando el proceso electoral y pudiendo ser constitutivo de un delito electoral», señala el auto de García-Castellón. «Lo que se ha podido conocer -añade- es la inacción de la autoridad gubernativa responsable de impedir su desarrollo».

Para el instructor, «puede afirmarse que el Gobierno de la Generalitat conocía de la existencia de las convocatorias de Tsunami Democratic para la jornada de reflexión» porque diputados del Partido Popular lo habían denunciado a la Junta Electoral Central, el organismo había dado traslado y en el Govern emitieron contestación señalando que habían iniciado las «acciones encaminadas a solventar esta situación».

También hubo notificación directa a la Consejería de Interior, donde habrían sido igualmente conocedores pues las protestas se habían convocado en distintos puntos de Cataluña, como refiere la resolución. «Esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos convocados por Tsunami para la jornada de reflexión prevista el 9 de noviembre de 2019», dice el auto, y añade: «Igualmente, permite constatar que el presidente de la Generalitat, como máximo responsable de la autoridad gubernativa, conocía la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central y que la Generalitat era competente para impedir la celebración de estos actos». Era Torra en esa fecha.

Decide, «ante la posibilidad de encontrarnos ante una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento», encargar una batería de oficios a la Guardia Civil que tienen que ver con la notificación de las protestas y la comunicación de las resoluciones al respecto de la Junta Electoral Central.