El juez de 'Titella' interroga este miércoles a José Luis Moreno, el principal investigado en la presunta macroestafa

En aquella declaración Moreno negó cualquier ilegalidad en relación con la presunta macroestafa asegurando que no era «capo» de nada sino un empresario con una larga trayectoria. Ahora, el magistrado volverá a escucharle después de que el productor pidiese el pasado mes de agosto acudir a sede judicial.

Cabe destacar que estas declaraciones traen cuenta del análisis de las agendas que Moreno guardaba en su domicilio de Boadilla del Monte en el momento de su detención y que revelan, según sostienen los investigadores, que recurrió al actor Santiago Segura como «garantía» para firmar un contrato con Televisión Española por valor de más de 6 millones de euros.

Así se desprende de un informe elaborado por la Guardia Civil en el que los agentes explican que Moreno y su número dos, Antonio Aguilera, utilizaron la sociedad Integral Mundo Producciones para firmar un acuerdo con el ente público gracias a la «colaboración» de Segura y tras mantener «numerosos contactos y reuniones» con el entonces presidente de RTVE José Antonio Sánchez y los directores de Contenidos y Programación Antonio Luis Sevilla y Fernando López Puig.

Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.