Tres líderes, una organización: los hombres de José Luis Moreno

Esta es la descripción que los investigadores a cargo de la Operación Titella hacen del intrincado sistema desarticulado el pasado mes de junio, cuando procedieron a la detención de medio centenar de personas que habrían estado engrasando una maquinaria para conseguir fondos de manera ilícita e inyectarlos en el circuito legal.

El complejo mapa de relaciones entre tanto investigado se resume en tres grandes nombres: el productor José Luis Moreno y los supuestos conseguidores Antonio Aguilera y Antonio José Salazar . Sin embargo, muchos otros se cruzan, como el del presunto blanqueador Javier Villalba o el investigado por narcotráfico Carlos Brambilla . El nexo común es el mismo: el dinero.

Moreno es sin duda la cara más conocida de la trama y la explica su dimensión mediática. De acuerdo al sumario, al que tuvo acceso parcialmente ABC, el productor «encabeza una de las jefaturas de la organización, la que mayor actividad económica ha reflejado y, por consiguiente, la que más beneficio económico ha obtenido».

Los investigadores exponen que como persona pública muy reconocida , «prestaría su nombre como tarjeta de visita para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias y además, sería el encargado de presentar el proyecto cinematográfico o televisivo para el cual se requería financiación».

Era el «principal receptor» de los fondos que habrían estado levantando, según la Policía, Aguilera y Salazar a golpe de fraude, ya sea bancario (remesas, pagarés, créditos) o en ayudas públicas haciendo beneficiarias a empresas sin actividad.

En su participación en la trama hay un antes y un después, como explicó ABC. Aguilera, que era quien le habría estado proporcionando el grueso de sus ingresos mediante un entramado societario y a menudo, bajo pretexto de financiación para proyectos audiovisuales, fue detenido por una causa pendiente. El productor «comenzó la reestructuración de su organización buscando otras fuentes de las que poder financiarse» y recurrió a inversores privados «con el mismo modus operandi», siempre según la investigación. Consta uno, un empresario que le reclama 32 millones de euros.

Para los investigadores, Moreno «dirige un entramado empresarial con ramificaciones fuera del territorio nacional cuya operativa se presenta a todas luces fraudulenta, con el único objetivo de obtener financiación que le permita continuar con su elevado tren de vida». Tenía su propia gente de confianza, una decena de personas que ya están imputadas, incluida su pareja, el checo Martin Czehmester , «a quien tiene de administrador testaferro de Youmore TV, una de las sociedades principales investigadas y a donde irían a parar los lucros obtenidos por Moreno». Se le calculan al menos 400 millones en el extranjero. No se descarta que en Maldivas.

Aguilera, el presunto conseguidor de esos «lucros» de Moreno, es otra pieza clave en la investigación porque a través de sus actividades la Audiencia Nacional ha llegado incluso hasta la pata de la causa que investiga el narcotráfico. El sumario le describe como un experto en mercantil y en operativa bancaria y calcula en algo más de cuatro millones de euros el «botín» que habría levantado solo mediante actividades fraudulentas con productos bancarios.

Se le atribuye la creación de multitud de sociedades sin actividad real y está situado en la posición de jefe de su propia organización, con «diversos colaboradores, cada uno de ellos con cometidos bien definidos» y un grupo de «testaferros» como administradores que le hacían las gestiones. Tras su salida de prisión en 2018 por la mencionada causa pendiente, también tuvo que reciclarse.

Su nombre lleva a otro que suena fuerte en la causa, Javier Villalba , que si al inicio constaba como subordinado de Aguilera acabó estando al mismo nivel e incluso reemplazándole en algunos casos, para acabar volviendo a colaborar juntos. Es lo que estaban haciendo, de acuerdo a la investigación, cuando fueron detenidos. Los detenidos como supuestos colaboradores de Aguilera, por cierto, se acercan a la veintena.

El sumario sitúa a Salazar al mismo nivel que Aguilera en términos de jerarquía, pues si en 2017 y 2018 habrían trabajado codo con codo en la supuesta mecánica de obtención de fondos de los bancos, a partir de 2020 se habría encargado en solitario de «comprar y gestionar sociedades pantalla que simulan su actividad para conseguir financiación fraudulenta» de las entidades, «así como contratar a los administradores testaferros» y tejer una red de empleados en sucursales colaboradores.

Se le atribuye una estafa aproximada de 12,5 millones de euros e productos bancarios en apenas tres años. Parte de esa financiación habría beneficiado a José Luis Moreno. Los informes apuntan a que «recientemente» habría vuelto a colaborar con Aguilera en las mismas prácticas. Le sitúan detrás de una veintena de sociedades y las vigilancias de su despacho permitieron poner cara a su red de colaboradores.

Los investigadores sitúan a este abogado como partícipe en la organización «desde un principio, colaborando activamente junto con Antonio Aguilera y otros de los encartados». Se le atribuye la preparación de sociedades para vendérselas a Aguilera, de modo que él pudiera «ocultar y blanquear el dinero que le aporta la actividad fraudulenta». De hecho, el sumario destaca que «desempeña un papel importante en el blanqueo de capitales, organizando los transportes, envíos y recogidas de efectivo desde el extranjero, encargándose de buscar las 'mulas' y «gestionar los viajes» a cambio de un porcentaje.

En un caso salió mal y las autoridades aprehendieron a la mujer que lo llevaba 1,3 millones de euros. Esperaba mover hasta 11 millones en varios viajes pero aquello frustró su colaboración. Ella también está imputada. De las escuchas, los investigadores encontraron el origen de ese dinero y vincularon a Villalba con otra organización criminal que se investiga en una pieza separada y que se habría dedicado al narcotráfico, «la Bramvilla». El movimiento había tenido lugar no hace mucho: «Recientemente, ha habido un cambio en la estructura organizativa, habiendo sustituido Javier Villalba a Antonio Aguilera en su relación profesional con Carlos Brambilla», dice un atestado policial de junio.

Su mujer y varios colaboradores tanto de la etapa de Aguilera como de su propia órbita, incluida una supuesta testaferro en una sociedad que era de José Luis Moreno, están imputados.

Y aquí es donde la trama comienza a complicarse, aunque estos hechos se han encapsulado respecto de lo tocante a José Luis Moreno y sus vínculos con Salazar y Aguilera, porque el productor y las personas de su entorno no tienen relación. En las escuchas a ese entramado, los investigadores descubrieron otra presunta organización criminal que, afirman, «está liderada por Carlos Brambilla», cuya actividad sería «el tráfico internacional de drogas» y que se habría estado sirviendo de la «organización de Aguilera» y por épocas, de Villalba, «para blanquear el dinero negro obtenido».

El hallazgo se produjo tirando del hilo de las grandes cantidades de dinero en efectivo que se presume movía Villalba utilizando «mulas» y luego introducía en el circuito legal. Eran, se estima, cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. Los investigadores presenciaron la entrega de una maleta a Villalba de parte de una mujer identificada como transportista en noviembre del año pasado y en enero, controlando a esa persona, le intervinieron 1,3 millones escondidos en su coche. Después, era cuestión de esperar.

El supuesto propietario real de los fondos, Carlos Brambilla, se puso en contacto con los presuntos encargados de moverlo y blanquearlo, Aguilera y Villalba, «proporcionando el nexo de unión que los investigadores necesitaban para constatar la relación entre ambas organizaciones y cuáles eran los mecanismos que utilizaban».

La investigación ahora conocida como Operación Titella ha sido desarrollada por un equipo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil en Madrid y Cataluña, respectivamente. Las pesquisas se remontan a 2018, cuando la Policía Judicial comenzó a investigar un fraude bancario de más de 1,3 millones de euros por orden de un juzgado de Madrid.

En su fase final, la más conocida, los investigadores han llegado a tener intervenidas más de 20 líneas de teléfono durante cerca de un año y la explotación de la operación ha supuesto la detención de medio centenar de personas, entre primeros espadas, subalternos, empleados y conocedores de la presunta trama. Esas detenciones han acarreado además la incautación de abundante documentación en todo tipo de soportes y la desarticulación de lo que los investigadores califican ya como organización criminal.

Las pesquisas están a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una causa que se ha venido siguiendo bajo secreto desde que asumió las riendas en 2019 y que se antoja ya larga y farragosa habida cuenta la cantidad de investigados y la amplia labor previa de las fuerzas policiales. Los delitos que se investigan son: estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales, delito fiscal y contra la Hacienda Pública, cohecho, contra la salud pública y Blanqueo de Capitales procedente del tráfico de estupefacientes, en al menos dos piezas separadas.