El juez pide la extradición del empresario del caso Leire por tener a sueldo a un policía de la Audiencia Nacional

El movimiento se produce después de que Hamlyn no se presentara el pasado 24 junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que le había citado para declarar por estos hechos en calidad de investigado, alegando que tiene prohibido salir de Emiratos Árabes -donde se instaló antes de reunirse con Leire Díez en un despacho de Madrid- por estar supuestamente investigado en ese país a raíz de una deuda de 30.000 dirhams (unos 7.000 euros al cambio).

Para el juez, se trata de una «excusa difícilmente sustentable ante un razonamiento lógico»- según se puede leer en el auto al que ha tenido acceso ABC- «ya que la presunta deuda que alega como impedimento para poder salir de Emiratos Árabes Unidos, independientemente de la veracidad o no de la misma, es de una cuantía que para una persona de su situación económica, tal y como se acredita en las actuaciones, no resulta complicado de poder satisfacer, siendo por lo tanto un mero pretexto difícilmente creíble para tratar de justificar, sin base lógica alguna, su incomparecencia a su declaración señalada en 24 de junio de 2025 ante este órgano judicial».

Así, siguiendo el criterio de la Fiscalía, De Jorge pidió al Gobierno el pasado 2 de julio que solicitara formalmente la extradición de Hamlyn a las autoridades de Emiratos Árabes por posibles delitos de revelación de secretos, contra la intimidad y cohecho, sin que hubiera trascendido hasta ahora. «El concurso de todos estos delitos presuntamente cometidos de manera continuada por el investigado podrían llevar aparejadas en relación al mismo penas que podrían alcanzar los 16 años de prisión», razonaba el magistrado, quien para entonces ya había acordado la busca, detención e ingreso en prisión del empresario.

Igualmente, el juez libró una comisión rogatoria a Emiratos Árabes para solicitar información sobre la supuesta prohibición de salir de su terrirorio y preguntar si, en caso de depositarse una fianza suficiente, se levantaría la medida, así como si sería válido que una tercera persona la prestara sin el consentimiento del investigado.

Hamlyn, a quien la sala de lo Penal ya declaró en rebeldía el pasado mes de junio por no presentarse a un juicio pendiente por un fraude en el sector de los hidrocarburos de más de 150 millones de euros - y por el que se enfrenta a 89 años de cárcel-, tuvo acceso a información restringida durante años, incluida su ficha policial, que le facilitaba un agente destinado en la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional (UPJAN).

Se trata de J.M., detenido en 2023 y posteriormente puesto en libertad por vender información confidencial a unos ciudadanos sirios y a su abogada, investigados en una causa abierta por narcotráfico y blanqueo de capitales. Pero no fueron los únicos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el análisis de los dispositivos reveló que en la lista de clientes del agente también figuraba Hamlyn, quien, como presidente del Grupo Hafesa, dedicado a la distribución de petróleo, habría comprado «mediante sobornos y dádivas» información secreta o reservada que el policía obtenía «accediendo de forma no justificada ni autorizada» a distintas bases de datos policiales: SIDENPOL (la base que recoge todas las denuncias interpuestas en cualquier dependencia de la Policía Nacional), así como numerosos documentos y fichas de otras bases de datos de uso exclusivo policial, como OBJETOS (consulta de vehículos y de otros objetos implicados en hechos policiales) o ARGOS, PERSONAS y ORION, centradas en personas de interés policial. Entre ellas se encontraban individuos y empresas relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

Así lo constató la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, que reflejó en un informe fechado en junio de 2023 -adelantado por 'The Objective'- que Hamlyn «ha mantenido una relación continuada relativa a la compra de secretos policiales al funcionario investigado, tal y como se deduce del hecho de que, de abril a noviembre de 2020, ambos mantuvieron un gran número de conversaciones relacionadas con personas y empresas del sector de hidrocarburos». Los investigadores llegaron a identificar hasta 42 perjudicados por esta divulgación ilegal de datos personales contenidos en ficheros policiales.

«Cotejadas las respuestas de la Comisaria Especial de la Audiencia Nacional a la solicitud de comprobaciones sobre la existencia de justificación laboral de las consultas concretas a las Bases de Datos de la Policía Nacional realizadas por J.M. en relación a sus conversaciones con Alejandro Hamlyn, se constata que estas consultas carecen de justificación laboral» reza el informe.

Para la Policía es «especialmente destacable» un mensaje que el agente J.M. envió a Hamlyn, en el que llegaba a preguntarle cuándo se iba a la petrolera con ellos. «Hay mucho por hacer», le contestó el empresario. Además el análisis de sus dispositivos también reveló mensajes del funcionario con más personas asociadas al Grupo Hafesa aparte de Hamlyn, principalmente altos directivos de la empresa, como el CEO o su director de seguridad en los que -según la UAI-se empleaba el «mismo mecanismo de contacto y revelación de información de las bases de datos policiales».

Según las pesquisas, a cambio Hafesa le habría pagado, a través de su mujer, 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022 hasta su detención en junio de 2023. El juez ya ha imputado a la petrolera y citado a su representante jurídico el 23 de septiembre.