El instructor confirma el embargo de un ático y un trastero del agente que filtraba datos a Hamlyn

Así consta en un auto de 1 de julio, al que tuvo acceso ABC, en el que el magistrado responde al recurso que presentó el investigado, y en el que, previo informe del fiscal del caso, señala que se han de embargar un ático y un trastero de su propiedad ubicados en las proximidades de la madrileña calle de Méndez Álvaro.

A esto, suma que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, debe ponerse manos a la obra y no solo hacerse cargo de esos dos activos inmobiliarios sino que ha de elaborar un informe con el objetivo de localizar más bienes tanto de J.M. como de su pareja V.G. -cooperadora en el delito dado que ella recibía determinados pagos por ese mercadeo de información-.

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En la resolución, el magistrado explica que de lo instruido y a la luz de los diferentes informes tanto de Asuntos Internos como del Ministerio Público se han podido recabar indicios acerca de esa actividad ilegal que consistiría, originariamente, en ofrecer esa «información reservada» a una organización criminal dedicada al narcotráfico. Esta organización utilizó lo que les daba el agente «para dotar de seguridad a su actividad delictiva».

Pero el juez va más allá y explica que se ha dado un «hallazgo casual» y es que «se ha tenido conocimiento de que el referido agente proporcionó -también- información reservada no solo a los investigados en dicho procedimiento, sino también a otras muchas personas ajenas a la investigación del mismo».

Así, la resolución destaca que también se han podido reunir indicios «de que la entrega de la información reservada descubierta ha sido realizada, en numerosos casos, como consecuencia de contraprestaciones económicas que podrían determinar diversos delitos de cohecho cometidos por el investigado».

Y remarca que todos estos comportamientos hallados por casualidad son «ajenos a la investigación» primera y sin relación alguna con ella y únicamente conectados «por la persona del investigado».

Entre esos otros 'clientes' de la información que podía proporcionar el agente se encontraba el Grupo Hafesa, del empresario Alejandro Hamlyn. El juez indica que, según un atestado de Asuntos Internos «habría pagado presuntamente una serie de contraprestaciones económicas en forma de contratación no justificada (...) de la cónyuge del policía». Así pues, la mujer era «cooperadora necesaria en las actividades criminales de su esposo».

Con esta causa ya son al menos dos procedimientos en los que este empresario está incurso en la Audiencia Nacional, dado que también se le juzga, en ausencia, por un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Cabe recordar que Hamlyn saltó a la opinión pública después de que trascendiera la grabación de una reunión a la que asistían la presunta 'fontanera' del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset -también investigado por la Audiencia Nacional-, el abogado penalista Jacobo Teijelo -que lleva la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y el propio Hamlyn que asistía por videoconferencia.

En esa reunión, el empresario vasco se mostró conforme con ofrecer información sensible que pudiera acabar con la carrera del jefe de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero ponía como condición imprescindible que los presentes en esa reunión se avinieran a entregarle «un papelito» en el que se comprometieran a ayudarle en su causa.

De hecho, tal y como informó Javier Chicote, el empresario reveló a los asistentes que tenía a sueldo en su compañía a un teniente general. «Arturo Espejo, el teniente general, trabaja en mi compañía, es el director de seguridad de mi compañía, desde hace tres meses. Está jubilado y ahora trabaja para mí, con su nómina. Está ayudando muchísimo, no da crédito con lo que ha pasado y nos va ayudar en todo», indicó.

El contenido de esa reunión fue llevado a los juzgados, y el pasado 31 de julio el Juzgado de Instrucción número 9 admitió una querella de Hazte Oír e imputó a Leire Díez.