Los abogados del «caso Gürtel» escucharán las conversaciones grabadas

Así consta en el escrito de citación, en el que el magistrado explica que se llevará a cabo una «audición reservada de la totalidad de las conversaciones grabadas» entre letrados y defendidos, y un examen de la pieza separada que Pedreira abrió con las que fueron mantenidas por éstos en prisión y que luego fueron declaradas nulas por el TSJM.

Pedreira ha citado también, para el próximo 16 de agosto, a los letrados del contable de la trama, José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa; de la esposa de éste, María del Carmen Quijano, y de su chófer, Andrés Bernabé, así como el del empresario José Luis Ulibarri y el del gerente de la empresa de materiales de construcción Puertonarcea, Juan Manuel Jiménez, además de los abogados de los imputados Luis de Miguel y José Antonio López Rubal. A éstos, Pedreira les ha llamado para acudir a la audición reservada únicamente de la grabación de las conversaciones anuladas «en las que hubieran participado los letrados en su día designados por dichos imputados, incluidos los iniciales defensores de los internos en prisión».

La Sala Civil y Penal del TSJM declaró el pasado mes de marzo «ilícitas» las intervenciones de las comunicaciones que varios de los imputados en el "caso Gürtel" mantuvieron en prisión con sus abogados al considerar que, al ordenarlas en febrero de 2009, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vulneró el derecho de defensa.

Entre las grabaciones anuladas se encuentran algunas conversaciones con abundantes referencias a los fondos supuestamente desviados por la trama de corrupción a paraísos fiscales y otras relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP de Galicia. Así, en varias de las escuchas anuladas aparece el abogado José Antonio López Rubal, sobre quien Garzón ya apuntó en el auto en el que las ordenó indicios de participación en las actividades ilegales de la organización.

En concreto, en una conversación que el 24 de febrero de 2009 mantuvo López Rubal con Crespo, éste ordenó al abogado la «ejecución» de los fondos que, según los informes policiales, la red habría ocultado en Suiza. En esa misma grabación, Crespo habla también de posibles irregularidades en la financiación del PP gallego y comenta al letrado que existían gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido en Galicia entre 1996 y 1999. «Esto va a traer cola cuando se levante el secreto del sumario», añade Crespo, a lo que su abogado responde que si es un problema de financiación irregular puede conducir «a un delito electoral».