El Armengolazo

Francina Armengol es presidenta del Congreso desde el 17 de agosto. Lleva 112 días en el cargo y ya ha tenido polémicas de todos los colores, todas con el mismo hilo conductor: la falta de imparcialidad. Así fue cuando decidió permitir el uso de las lenguas cooficiales en el debate sobre si se debía o no permitir el uso de las mismas en el Congreso; así fue cuando incumplió su deber de poner fecha a la investidura de Sánchez y le dio todo el tiempo del mundo para negociar; así fue cuando en su discurso en la apertura de la legislatura defendió los pactos de investidura del PSOE, identificó los grandes hitos legislativos socialistas con los grandes hitos legislativos de la Democracia, o cuando no hizo ni una sola referencia al Rey; y es así, en definitiva, cuando atraviesa cada uno de sus discursos del ideario de su partido político, que es el del presidente del Gobierno.

Noticia Relacionada

Armengol reivindica la Constitución como salvoconducto frente a cualquier «uniformidad»

Juan Casillas Bayo

La presidenta del Congreso ensalza a las «madres» de la Carta Magna, pide el cumplimiento de todos sus artículos y aboga por eliminar el término «disminuidos» y reformar el Senado

Armengol ha tenido un problema sobrevenido. En 112 días ha pronunciado cuatro discursos: el de su toma de posesión, el de la jura de la Princesa, el de la Solemne apertura de la legislatura y el del Día de la Constitución. Ese nivel de exposición es impropio del puesto, pues en circunstancias normales la tercera autoridad del Estado aparece una vez al año. En eso ha tenido mala suerte Armengol, que además ha tenido que gestionar dos sesiones de investidura muy broncas (esto tampoco es normal). Y otro agravante: no había sido diputada previamente, por lo que no conoce el funcionamiento de la Cámara Baja.

Ayer celebramos el 45 cumpleaños de la Constitución, que está a tan solo uno de convertirse en la norma fundamental más longeva de la Historia de España por delante de la de 1876. Sólo eso es una demostración de su fortaleza y de su éxito. Cuando parecía más débil, la Carta Magna está demostrando un gran vigor. Pero la presidenta del Congreso abandonó ayer toda neutralidad: «Me parece legítimo defender su renovación, al menos en cuestiones básicas, como convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial». La cuestión no está en si debe ser así o no, es que la presidenta del Congreso de la democracia española no debe entrar en eso.

Pongamos un ejemplo a la inversa. En mayo de 1976, con España transitando ese periodo virtuoso entre la muerte de Franco y la Constitución, las Cortes se convirtieron en el motor de la reforma política. Se trataba de pasar de propiciar un cambio de régimen, de una dictadura a una democracia. De modo que el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, que había diseñado el proceso jurídico y político y que había redactado el borrador de la Ley para la Reforma Política y se lo había entregado al Gobierno, decidió dar un paso adelante y posicionarse públicamente en favor de la reforma. Esa falta de neutralidad era necesaria para propiciar el cambio de régimen «de la ley a la ley». Lo explicitó así: «¿Quieren las Cortes la reforma? ¿Están dispuestas a colaborar con el Gobierno en la reforma?». Y tras una pausa dramática, se respondió a sí mismo: «Evidentemente, sí». Aquello lo bautizó al día siguiente el periodista Justino Sinova en Diario 16: «El torcuatazo».

Eran otros tiempos y el cambio de régimen exigió una implicación consciente y medida en la reforma. Gracias a eso, llegaron las elecciones y las Cortes constituyentes que aprobaron la Constitución que ayer cumplió 45 años. Gracias a eso la dictadura se hizo el harakiri y llegó la democracia. De modo que la pregunta es: ¿qué pretende exactamente la presidenta del Congreso al alinearse permanentemente con el Gobierno y posicionarse en favor de una «renovación» constitucional? Es el armengolazo. Y la repuesta a si debe o no debe hacerlo es clara: «Evidentemente, no».