Los jóvenes entre 19 y 25 años, los primeros en ser movilizados si España entra en guerra

En España el debate es complejo, el Gobierno se mueve entre el apoyo a sus aliados de la UE y la OTAN y el antimilitarismo de una parte del mismo Ejecutivo y sus socios parlamentarios. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, el gasto militar se ha incrementado exponencialmente y el presupuesto de Defensa camina hacia el 2% comprometido con la Alianza Atlántica. Sin embargo, el país aún no se atreve a abordar la guerra con palabras tan claras como algunos de sus vecinos. En cualquier caso, la Constitución española es clara y en su artículo 30 estipula que «los españoles tienen el derecho y deber de defender a España».

España cuenta con un Ejército profesional desde el año 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar abolió el servicio militar obligatorio, la conocida mili. Actualmente las Fuerzas Armadas las componen unos 120.000 efectivos y ellos serían obviamente los primeros en actuar en caso de conflicto armado. Pero a partir de ahí es cuando hay que empezar a revisar la legislación para conocer quiénes serían los siguientes en vestir el uniforme. La ley de la carrera militar, aprobada en 2007, contempla tres tipos de reservistas: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios. Su proceso de incorporación a la milicia se iniciaría en aquellas situaciones de crisis en las que «las necesidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas por los efectivos militares profesionales».

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Si esto sucede, el Consejo de Ministros será el encargado de llamar a filas, primero, a los reservistas voluntarios y los de especial disponibilidad; un grupo compuesto por militares que salieron del Ejército al cumplir los 45 años y por civiles que han solicitado su adscripción a las Fuerzas Armadas. Cerca de 8.000 personas en total. Si esto no fuera suficiente, es cuando el Gobierno tendría que pedir autorización al Congreso para convocar a los obligatorios, esto es, a civiles sin ninguna vinculación previa con las Fuerzas Armadas. La ley establece que esto afecta a quienes estén entre los 19 y los 25 años.

A partir de entonces empieza el proceso de incorporación a las Fuerzas Armadas. Los jóvenes afectados recibirían una ficha con un breve cuestionario para aportar datos, siempre de forma voluntaria, sobre su estado de salud y físico y también preferencias sobre el Ejército al que incorporarse. Incluso podrían detallar si están dispuestos a entrar en unidades de fuerza o preferirían otro tipo de destinos que no fuesen de primera línea. Después llegarían los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas y físicas. Y una vez que recibiesen el uniforme, quedarían plenamente integrados en las Fuerzas Armadas con el empleo de soldados, tendrían que cumplir las reglas del comportamiento militar y estarían también sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares.

Sin embargo, quienes no se vean en este escenario siempre podrían acogerse a la objeción de conciencia, según estipula la misma ley de la carrera militar. Su artículo 138 dicta que pueden ser objetores quienes no quieran prestar servicio en las Fuerzas Armadas ni en otras organizaciones «en las que se requiera el empleo de armas». «Dicha declaración, efectuada por el interesado, no requerirá ningún otro trámite de reconocimiento», apunta explicando que estos solo podrán entonces ser asignados a entidades «con fines de interés general» en las que no se usen armas.

Mariano Casado, presidente del Observatorio de la Vida Militar y abogado, cree que, a la vista de esta redacción de la legislación, parece necesario un debate sobre su adecuación al contexto geopolítico actual, teniendo en cuenta además el tiempo transcurrido desde su aprobación. Diferentes expertos consultados por ABC coinciden en que la ley está redactada «en tiempos de paz» y con toda seguridad se vería desbordada en caso de un conflicto armado. Para empezar, la franja de edad de entre 19 y 25 años podría quedar pronto superada; así como las condiciones para la objeción de conciencia o los trámites para la activación, explican.

A esta legislación se suma la Ley de Seguridad Nacional, que contempla medidas extraordinarias en situaciones que sean declaradas de interés para la seguridad nacional. La actual redacción habla de «recursos humanos y medios materiales que puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes», pero el Gobierno propuso el año pasado una reforma que era más clara y hablaba de que los ciudadanos podrían ser obligados a realizar «prestaciones personales» o «colaboraciones materiales en situación de emergencia», abriendo la puerta a movilizar a la población civil o a realizar expropiaciones. La propuesta decayó como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales para la celebración de las elecciones generales del mes de julio, pero el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, ya adelantó en una reciente comparecencia en el Congreso su intención de retomarla.

La situación en los países de nuestro entorno no es muy diferente, aunque algunos de ellos sí que hablan abiertamente de la necesidad de estar preparados para la guerra y han multiplicado su presupuesto de defensa, aumentado el tamaño de sus ejércitos o incluso planteado la recuperación de la mili. Alemania es una de las naciones europeas más activas en este sentido. Además de los continuos llamamientos a reforzar su seguridad, el ejército alemán ha reactivado la formación militar de sus reservistas con unas maniobras que finalizaron la pasada semana. Dotados con todo el realismo posible, los ejercicios terminaron con un simulacro en el puerto de Rostock en el que los reservistas, apostados tras barreras de hormigón, vallas de alambre de púas y puestos de guardia asegurados, cumplían la misión de control de vehículos en una puerta de acceso al puerto marítimo. «Esperar lo mejor, prepararse para lo peor... y sólo lo que se practica puede funcionar», arengó el comandante del Comando Territorial (TFK), André Bodemann. En caso de conflicto armado, los 34.000 reservistas alemanes entrarían en estado de alerta y podrían ser incorporados a filas.

Mientras, en Reino Unido no hay una ley que permita el reclutamiento forzoso de sus ciudadanos, pero los soldados profesionales tienen ciertos derechos reconocidos en relación con la objeción de conciencia, que pueden solicitar si tienen objeciones morales o religiosas. El caso de Italia es particular ya que su propia Constitución prohíbe que el país entre en guerra. En cualquier caso, esta disposición se limita a la guerra ofensiva y no excluye el llamamiento a las armas si se habla de una guerra defensiva. Es decir, para defender al país de una amenaza externa. En este caso, los civiles sólo podrían ser llamados a las armas si «el personal voluntario en servicio fuera insuficiente y fuera imposible cubrir las vacantes de personal». Además, el servicio militar obligatorio podría restablecerse en casos muy graves y todos los ciudadanos varones con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años podrían ser llamados a combatir. La negativa a ser llamado a las armas se considera en Italia un delito.

Francia no contempla el reclutamiento de civiles, ya que su ejército, con más de 270.000 efectivos, es uno de los mayores de Europa. Su presidente, Emmanuel Macron, ha sido uno de los más firmes frente a Rusia, llegando incluso a plantear la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Para ello, la Constitución francesa confiere al jefe del Estado poderes casi «absolutos». De hecho, prácticamente todos los presidentes franceses han enviado soldados a varios continentes para participar en operaciones militares que nunca tuvieron un resistencia parlamentaria mayor.