Jorge Rodríguez-Zapata: «Que el fiscal general no dimita resulta chocante, inquietante e insólito»

—El Rey y la presidenta del CGPJ han tenido que salir esta semana en defensa de los jueces pidiendo respeto y lealtad a su labor. ¿No le parece que en los últimos tiempos este tipo de intervenciones se repite muy a menudo?

—Es que ha habido un pacto entre Junts per Cataluña y el PSOE donde se habla de la palabra 'lawfare'. Y el 'lawfare', en la versión que se utiliza en España, que no es la versión norteamericana, sino una versión sudamericana y neomarxista, significa que los jueces atacan; que los jueces, que son de una clase pudiente, que son muy ricos, atacan a los políticos izquierdistas por motivaciones políticas. Y eso, con nombre y apellidos. Es inadmisible. Tanto Perelló como el Rey estuvieron muy acertados advirtiendo que nos cargamos la democracia si seguimos por ese camino.

—¿Por qué este interés en silenciar a los jueces con decisiones como castigarles si opinan? ¿Por qué el Gobierno y sus socios les tienen tanto miedo?

—Porque estamos en un momento en que hay una serie de causas abiertas que todos conocemos que afectan muy especialmente al partido político del Gobierno. Y entonces el Poder Judicial, como es un poder independiente que actúa exclusivamente sometido a la ley, puede generar recelos.

—Lo cierto es que ha habido un incremento de estos ataques a los jueces a medida que la justicia va cercando al entorno de Sánchez...

—Sin duda lo ha habido, pero lo grave no son las tonterías que se dicen, sino las personas que las dicen cuando se escudan en el Parlamento o son ministros que tienen especial responsabilidad en materia de justicia. Cuando después de treinta y tantos años en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conoces la actuación impecable de todos los jueces, de cualquier orientación, de cualquier sensibilidad y en cualquier tribunal, y ves que se les acusa de un comportamiento inventado por la noche en la cabeza del sujeto que hace las declaraciones, pues piensas que es repugnante lo que se dice. Estamos camino de convertir esto en una república venezolana.

—¿Cree que la reforma de la ley que limita la acusación popular es una ley a medida?

—La acusación popular es una institución con la que se evita que el delincuente quede impune si el fiscal no quiere o no sabe acusar, ya sea por falta de pericia o por mala fe. Si suprimes la acción popular en materia penal estás tratando de garantizar la impunidad de los delincuentes. Y eso es muy grave. Eso es terminar con la democracia española.

—Los jueces, sin embargo, se quejaban hasta hace poco de que hay un ejercicio abusivo de ella, sobre todo por parte de los partidos...

—Yo he puesto aproximadamente unas 100 ó 150 sentencias de acción popular, que no sólo rige en lo penal, sino también en patrimonio histórico y artístico, en medio ambiente o en urbanismo, donde muchas de las impugnaciones generadas por la acción popular han desembocado en nulidad de los planes de urbanismo porque estaban bien fundadas. No hay que limitar la acción popular porque es un derecho de ciudadano y porque a los jueces nos pagan para cumplir los derechos de los ciudadanos, y uno de ellos es el de la tutela judicial efectiva. Si los partidos políticos empiezan a reformar las leyes tratando de meter mano en los asuntos jurisdiccionales, la democracia española, que ya tiene muchos problemas, pues acaba desapareciendo.

—Por el momento en el que se produce esta reforma, ¿cree que es para causas con nombres y apellidos?

—Desde luego el momento en el que se produce es pésimo, porque hay muchísimas acusaciones de corrupción contra el Gobierno en este momento. Y además, no solamente es pésimo, sino que este Gobierno tiene una mayoría muy inestable, como se ha visto en las últimas votaciones. Y para hacer cualquier reforma de este calado, de unas normas que están en la Constitución y que vienen de siglos en España, sería necesario un consenso similar al consenso de reforma constitucional. En ningún caso puedes hacer reformas judiciales con este Gobierno ni con las minorías o mayorías minoritarias que tiene.

—¿Está preparada la Fiscalía para asumir la investigación penal en lugar del juez de instrucción? 

—No sin una reforma constitucional del Ministerio Fiscal que dé garantías similares de independencia a las que tiene el Poder Judicial, porque la instrucción de los casos por el Ministerio Fiscal haría que la acusación popular tuviese que suplir las órdenes que el Gobierno da al Ministerio Público para que no instruya casos de corrupción contra él.

—¿De quién depende la Fiscalía?

—La Fiscalía en España depende del Gobierno que nombra al fiscal general con un procedimiento concreto. Luego le da garantías de estabilidad, pero sustancialmente la política criminal del Gobierno la ejerce el Ministerio Fiscal.

—¿Cree que la Fiscalía está pasando por la peor crisis de credibilidad en este momento con la imputación del fiscal general?

—Sin duda la mayor crisis que yo conozco y que he conocido. Que un fiscal general del Estado esté imputado por la justicia y no dimita es algo chocante, inquietante e insólito.

—En relación con la reforma del Gobierno de acceso a la judicatura, ¿usted cree que el actual sistema de oposición garantiza el mérito y capacidad? 

—El sistema tradicional español de oposición funciona. Hasta ayer o antes de ayer nadie se había atrevido a decir en España que los jueces son de clase alta. Los jueces provienen generalmente de zonas rurales, donde no tienes otra forma de salir adelante que hacer unas oposiciones. Generalmente vienen de familias que no pertenecen a clases privilegiadas, como puede pasar a lo mejor en Bolivia o en Argentina. Esas acusaciones de que solamente los niños ricos se hacen jueces, que en este caso serían juezas, porque el 70 por ciento de las chicas copan ya la carrera judicial, es un insulto, una estupidez.

—¿Cree que en el fondo se trata de nutrir la carrera con jueces afines?

—Si ese riesgo se extiende o existe, es letal para la democracia. Como fue la amnistía, que fue el primer golpe a la democracia. Si ahora pegamos el segundo y el tercero, pues ya simplemente festejamos a Franco con motivo.

—¿Está en peligro el Estado de derecho?

—Sí, creo que sí. Y lamento muchísimo tener que decirlo, pero la frivolización de los frenos y contrapesos, esenciales en España, como por ejemplo el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, la paralización durante siete años de la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que los partidos políticos no quieren sacar sus manos del nombramiento político de sus miembros como exige el derecho europeo... Bueno, pues todo eso pone en peligro la democracia. Lo dijo ayer (el jueves) la presidenta del Supremo y yo creo que tiene razón.

—Usted ha mantenido desde el primer momento que la amnistía es inconstitucional. ¿Pensará lo mismo el Tribunal Constitucional?

—No me imagino que puede pensar otra cosa, aunque es libre de pensar y decir lo que quiera. Pero no hay ningún jurista de relieve que se atreva a decir que la amnistía cabe en la Constitución. Sería una barbaridad. No creo que el Tribunal Constitucional pueda hacer ese disparate. Las sentencias hay que razonarlas. Lo que pasa es que a veces se razonan poco, como cuando se castró al Consejo General del Poder Judicial anterior y se le impidió hacer nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Hay 20 plazas de magistrados del Supremo sin cubrir actualmente. Cargos judiciales muchísimos. Eso se impugna por el PP y por Vox ante el Tribunal Constitucional y salen dos sentencias superficiales diciendo que eso es constitucional.

—¿Cree que en los últimos tiempos el Tribunal Constitucional puede estar incurriendo en un exceso de jurisdicción metiéndose en el terreno del Tribunal Supremo? 

—Lo que ha hecho el Constitucional con los ERE de Andalucía no tiene justificación ninguna. Como magistrado del Supremo yo he puesto como 60 sentencias sobre los ERE y obligábamos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a examinar los casos de corrupción. Desde el Tribunal Constitucional se inventan un nuevo contenido del artículo 25 y entonces formalmente ese pretexto tiene una justificación, pero es impresentable.

—¿Hay motivos entonces para dudar de la imparcialidad del TC?

—Desde luego son sentencias lamentables. Cuando yo era magistrado del TC me acusaban de haber apoyado a la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Tenía una sensibilidad muy progresista, pero no le dejamos hacer lo que quería hacer. Estuvimos controlando. El problema del TC actual no es Cándido Conde-Pumpido; el problema es que se le deja hacer.

—Antes dijo que era partidario de reformar la Constitución para reformar el nombramiento del fiscal general. ¿No le parece peligroso abrir en este momento ese melón?

—No si hay unas mayorías parlamentarias para asuntos puntuales. Por ejemplo, el artículo 139 se reformó cuando gobernaba Zapatero con un pacto puntual con el PP y se hizo para garantizar el déficit. Es que, por ejemplo, también es impresentable que un ministro de Justicia (Campo) o una empleada de presidencia del Gobierno (Laura Díaz) sean magistrados de Tribunal Constitucional. Hay que suprimir radicalmente que el Gobierno pueda nombrar a dos magistrados en el órgano de garantías.