La disolución consolida las reformas de Sánchez en pensiones y fondos

Ambas cuestiones se rigen por reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros y que fueron convalidados por el Parlamento con la condición de ser tramitados como proyectos de ley a cambio de contar con un respaldo más amplio de los diversos grupos. Uno de ellos, el de los fondos europeos, fue aprobado gracias al apoyo de EH Bildu y la abstención de Vox en enero de 2021. Desde entonces, el proyecto duerme el sueño de los justos en el cajón de las enmiendas. Ahora que la legislatura llega a su fin, la tramitación como proyecto decae y lo que queda en nuestro orden legal es la voluntad pura y dura del Consejo de Ministros. La promesa incumplida de tramitarlos como proyecto de ley no supondrá ningún menoscabo para esta normativa que pasa a tener la misma jerarquía que cualquier otra aprobada por el proceso habitual.

Es curioso que la normativa de gestión de los fondos europeos figure entre este sólido legado jurídico de Sánchez puesto que uno de los sueños inconfesables de los 'brujos visitadores' de Moncloa era forjar a golpe de esos 140.000 millones una nueva élite empresarial proclive al gobierno Frankenstein, alimentada con mucha energía renovable y dispuesta a seguir a Sánchez en sus aventuras.

El gobierno dispone de cobertura legal originada en la emergencia pandémica para vetar las operaciones que los extranjeros realizan para adquirir empresas españolas (el llamado 'escudo antiopas'). Aunque no ha recurrido a ella para no mover a escándalo a la Unión Europea, la herramienta está allí, disponible, como un revólver en la mesilla de noche.

Indra es, quizá, el caso más emblemático de una empresa donde en nombre del gobierno se quiso crear un campeón nacional en el sector de Defensa. Para ello se intentó moldear a gusto del poder los órganos de gobierno de la misma echando a los independientes. El grupo de influyentes empresarios bien conectados con el sanchismo que han estado en el origen y desarrollo de la operación finalmente han cedido en su deseo de imponer a Marc Murtra al frente de la compañía contra viento y marea, y han apostado por designar a José Vicente de los Mozos, ex Renault, un veterano ejecutivo bien visto por el Partido Popular y con mano izquierda. De los Mozos puede ser el hombre que garantice la continuidad del proyecto y de la gestión si se produce un cambio de gobierno.

Una pieza clave para que el Estado controlara Indra a través de la Sepi ha sido Joseph Oughourlian y su fondo Amber Capital que son los mayores accionistas del Grupo Prisa, dueño de El País y la Cadena Ser. La Junta de Accionistas de Prisa está convocada para el 27 de junio en primera convocatoria y en ella Oughourlian buscará la renovación de Miguel Barroso como vocal y la ratificación de un hombre de su máxima confianza, Fernando Carrillo, un influyente abogado, político y diplomático colombiano. La junta se desarrollará ahora prácticamente en medio de la precampaña electoral y con una perspectiva muy distinta respecto de la situación que se vislumbraba antes del 28M.

La disolución del Congreso también impondrá un compás de espera en las grandes empresas públicas como Correos, Tragsa, Adif o las otras compañías dependientes de la Sepi. La perspectiva de un cambio de gobierno impone de inmediato un parón en el desarrollo de nuevos planes en el sector público empresarial. No se hará nada en serio hasta octubre de este año que es probablemente cuando tengamos un gobierno con un plan de trabajo para cuatro años. A pesar de los episodios bochornosos vividos en Indra, en Correos o en Adif, el sanchismo no ha conseguido consolidarse en su vertiente empresarial a gran escala. Para eso, sus promotores necesitan cuatro años más.