El jefe de Anticorrupción convoca a su equipo tras el desafío de una fiscal en una causa secreta

Según informaron en fuentes fiscales a ABC, García Cerdá discrepó del criterio de Luzón respecto de una batería de diligencias que quería practicar en el contexto de esa investigación, que no es del caso Púnica. El fiscal Jefe respaldó una parte de las actuaciones propuestas pero descartó otras al considerar que no eran procedentes.

La Fiscalía es una institución jerárquica, por lo que en estas situaciones se impone el criterio del superior, con una excepción: que quien recibe la orden o instrucción la «considere contraria a las leyes» o la «estime improcedente» por cualquier otro motivo.

Así lo recoge el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ahora se invoca en este caso y que implica la convocatoria de una junta de los fiscales de Anticorrupción, que fue programada en julio para que tenga lugar el próximo 18 de septiembre, según adelantó El Independiente.

A esa reunión los miembros de Anticorrupción llegarán ya con documentación sobre las razones que llevaron a Luzón a descartar las diligencias y García Cerdá podrá explicar los motivos por los que entiende que deben llevarse a cabo. Tras el debate, se producirá una votación acerca de ambas posiciones que sirve como punto de partida para conocer el sentir de los fiscales, pero cuyo resultado no es vinculante.

Luzón, igual que podría reconsiderar su posición, tiene en su mano mantener el criterio, igual que García Cerdá podría elevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala. No es lo habitual, no obstante, si bien tampoco lo es que se invoque el artículo 27.

Uno de los precedentes más conocidos tuvo también a la fiscal Carmen García Cerdá en el centro. Ocurrió en 2017 cuando ella y su entonces compañero en el caso Lezo Carlos Yáñez se opusieron a las instrucciones impartidas por el que era jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, que imponía restricciones a las entradas y registros que ambos propusieron practicar.

En la junta de fiscales consecuente, una amplia mayoría apoyó los postulados de los dos encargados de Lezo en detrimento del criterio de Moix, en un contexto de malestar y tensiones internas entre la jefatura y la plantilla.

En el caso de García Cerdá, ahora, subyace también cierto malestar al hilo de la tramitación de Púnica por sus desavenencias, como las de su compañera en el caso Teresa Gálvez, con Alejandro Cabaleiro, el fiscal al que Luzón encomendó asumir parte de la causa para poder desatascar el trabajo.

Ninguna de las dos firmó el escrito que remataba la instrucción de la pieza separada sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid que proponía, entre otras, la exoneración de la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre.