Irene Montero vetó a la embajadora española en su encuentro oficial con Kirchner

En dicho informe, la Embajada se refiere a uno de los principales actos de Montero en esa visita entre el 9 y 11 de noviembre, como fue el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de ser condenada a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida por delitos de corrupción durante su etapa como presidenta (2007-2015). La legación española explica que nadie de la Embajada estuvo en esa cita entre Montero y Kirchner «por expreso deseo de la ministra», que justificó esa decisión en que se trataba de «un encuentro eminentemente político».

Sin embargo, como la misma Montero exhibió en sus redes sociales, esa reunión se celebró en el Senado argentino, del que es presidenta la propia Kirchner, y formaba parte de la agenda oficial que el Gobierno de España facilitó a los medios de comunicación y a la Embajada en Buenos Aires. Montero sí fue a esa reunión acompañadapor su asesora Isa Serra, que es también coportavoz nacional de Podemos, como explicó unas horas después la propia ministra en una entrevista en el programa 'Minuto Uno' del canal argentino C5N.

Pero ese no fue el único acto en el que Irene Montero prescindió de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, una diplomática de amplia experiencia que a principios de este año se convirtió en la primera mujer al frente de la embajada de la que dependen más españoles en todo el mundo.

El informe al que ha tenido acceso ABC también destaca que Montero se reunió con otros ministros argentinos, como Wado de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía), sin que avisara de ello a la Embajada española en ese país. Y en su agenda oficial tampoco aparecía la reunión que, según este mismo informe, mantuvo en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), una organización chavista y bolivariana muy vinculada a Podemos.

Prueba de ello es que Pablo Iglesias ha impartido varios cursos en esta entidad, como el de Comunicación Política de hace apenas un año, y que el director de Celag, Alfredo Serrano, colabora con el proyecto de televisión por internet que abandera el exlíder de Podemos. Otro ilustre cofundador de este partido, Juan Carlos Monedero, forma parte del consejo consultivo de Celag.

La Embajada española también se refiere en su informe a la mencionada entrevista de Montero en C5N para dejar claro que «no fue gestionada por la consejera de Comunicación de esta representación». En esa intervención, Montero se centró en atacar duramente a los principales grupos de la oposición española ante una audiencia extranjera: «En España tenemos una derecha política que sólo sabe mentir». Incluso, acusó a PP y Vox de promover la «violencia política, mediática y judicial» contra el Gobierno y Podemos. Y hasta asintió cuando el entrevistador apostilló que todo ello «termina después en intentos de asesinato».

ABC ha consultado a los ministerios de Asuntos Exteriores e Igualdad sobre ese informe de la legación española en Argentina. Fuentes del primero aseguran que no le consta «ningún malestar ni nada» parecido por parte de esa embajada. Aseguran que la visita de Montero se desarrolló «con normalidad» y que estuvo «acompañada por la embajadora» en el almuerzo con el presidente argentino, Alberto Fernández, como «principal autoridad» de este país.

Lo que no aclaran esas fuentes es por qué la Embajada española en Argentina no estuvo también en la cita de la ministra con la segunda autoridad de ese país, máxime cuando se celebró en un escenario institucional como el Senado y cuando formaba parte de la agenda de ese viaje oficial.

El Ministerio de Igualdad se limita a despachar la cuestión con que Irene Montero «actuó como cualquier otro ministro en un viaje oficial», pero tampoco se pronuncia sobre sus encuentros fuera de la agenda oficial con sus homólogos argentinos de Interior y Economía, que apunta la Embajada en su informe, ni por qué nadie de ésta acudió al acto oficial con la vicepresidenta Kirchner en el Senado.

Este periódico también ha intentado recabar la versión de la propia Embajada en Argentina sobre lo que apuntaba en su reporte a Exteriores. Tras insistir varias veces, no ha obtenido ninguna respuesta al respecto.

Cuando no se ha cumplido un mes de ese «encuentro político» entre Montero y Kirchner, Podemos aprovecha la condena a esta última por delitos relacionados con la corrupción para arremeter contra la Justicia argentina con graves acusaciones como las que dedica a los jueces españoles. La táctica es la misma: propalar el mensaje de que a ambos lados del Atlántico existe una supuesta guerra o persecución judicial –'lawfare', en terminología de Podemos– contra los partidos y políticos de su espectro ideológico.

Es el mantra para cargar contra cualquier investigación o resolución judicial que no favorezca sus intereses o los de sus correligionarios. Ya sea el fiasco de la ley del 'sí es sí' en España o las condenas por corrupción a Kirchner en Argentina y a Lula da Silva en Brasil.

Desde que el pasado martes se conoció la condena a la vicepresidenta argentina, los principales representantes de Podemos han salido en tromba a defenderla a través de las redes sociales. Montero echaba mano de ese concepto de 'lawfare' para denunciar la «guerra judicial y mediática» como «herramienta de los poderosos para frenar los avances democráticos» y «disciplinar a millones destruyendo a una», en alusión a su anfitriona del mes pasado.

Para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, hay una «persecución judicial y mediática contra los y las líderes populares que no pueden doblegar en las urnas». La también secretaria general de Podemos añadía que esa supuesta persecución es «constante» y que «no hay nada más antidemocrático». Con las dos ministras marcando el paso, otros compañeros subieron el tono. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, calificó a esos jueces de «corruptos» y a la Justicia argentina de «golpista».

También se sumaron a esas críticas dos de sus referentes y fundadores. Pablo Iglesias, con un mensaje más breve: «Partido judicial contra la democracia. Fuerza, Cristina». Y Juan Carlos Monedero, acusando al tribunal argentino de prevaricar y comparándolo con el individuo que apuntó a Kirchner con un arma en septiembre y hasta con la dictadura argentina de hace cuatro décadas: «Las balas de los 'milicos' de ayer se convierten hoy en sentencias judiciales. A ritmo de los que intentan disparar a la cara. Sentencias disparadas como prevaricaciones obvias».

Todo ello a pesar de que el kirchnerismo ha sido hegemónico en Argentina durante las dos últimas décadas, con el único paréntesis de una legislatura de Mauricio Macri (2015-2019). La propia Kirchner sucedió a su marido, el fallecido Néstor, que fue presidente entre 2003 y 2007 para dar el testigo a su mujer los ocho años siguientes. Ella misma fue reelegida en 2019, esta vez como vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Senado. Aunque el kirchnerismo va a gobernar Argentina durante el 80% de las dos últimas décadas, Podemos cree que la Justicia en ese país sigue en manos de «corruptos y golpistas».

Algo similar a lo que achaca a la Justicia española, como se ha encargado de dejar claro cada vez que ha tenido oportunidad o necesidad. El último ejemplo ha sido con su ley del 'sí es sí', gracias a la cual más de medio centenar de delincuentes sexuales ya han visto rebajadas sus condenas y una docena de ellos han quedado en libertad. Podemos no duda en calificar a esos jueces de «machistas» y en acusarles de prevaricar por aplicar la ley «de forma defectuosa», en palabras de Montero.

Hace justo un año, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda más representativa entre los jueces españoles, presentó en el Parlamento Europeo un informe denunciando que el «ataque sistemático» a la Justicia se ha convertido en una «estrategia política de partidos, movimientos de ruptura con el Estado constitucional de Derecho y otros grupos de intereses afines para evitar que la actuación independiente y sometida a la ley de la Justicia sea desfavorable a sus propósitos».

Hasta la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz la delegada del Gobierno para la Violencia de Género por Podemos, Victoria Rosell, critica por «muy desafortunados e inapropiados» los últimos ataques de este partido contra la Justicia española. Ahora le toca a la argentina.