El informe sobre la desinformación rusa denuncia la pasividad del Gobierno y la Fiscalía con las injerencias del Kremlin

Se refieren a la investigación del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en la que la Policía Nacional inició la operación Volka a finales de octubre de 2019 «tras constatar agentes de la lucha antiterrorista el paso por Barcelona de Sergueiev», miembro de la inteligencia militar rusa. Un informante, relata el documento del GPPE, «llegó a aportar la identidad de cinco altos cargos de los servicios de inteligencia rusos que supuestamente estuvieron implicados en esos contactos, así como detalles de tres entidades financieras extranjeras desde las que presuntamente se había transferido fondos para financiar los movimientos de los espías por Europa». La policía «pidió a partir de esta información autorización judicial para realizar diferentes diligencias, a las que la fiscalía se opuso».

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«En meses recientes han abundando los casos como este de fiscales nombrados o aprobados en sus cargos por el gobierno en ejercicio que se oponen a investigaciones judiciales que afectan al independentismo y sus lazos con Rusia», critica el documento, que también señala al fiscal anticorrupción Fernando Maldonado: «Se ha opuesto sucesivamente a la ampliación de la macrocausa que instruye el juez Aguirre en el juzgado número 1 de Barcelona». Pone como ejemplo una petición del magistrado a la Guardia Civil de de abril de 2020 para que investigara el patrimonio de Josep Maria Alay, jefe de gabinete de Puigdemont y protagonista de contactos con Moscú, «pero el fiscal Maldonado se opuso». Añade el informe que «previamente, en septiembre de 2021, el fiscal Maldonado también se opuso a que la Guardia Civil investigara la operación de venta de petróleo entre una empresa china y otra rusa, un negocio que aparece en las conversaciones que mantuvieron en 2020 Alay, y el empresario ruso afincado en Catalunya Dmitrenko».

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El documento recuerda que «el Gobierno de coalición ha eludido asegurar la rendición de cuentas por el órdago independentista en Cataluña», citando el indulto que el Consejo de Ministros otorgó en junio de 2021 a los nueve condenados por sedición. UN mes antes, el Ministerio del Interior relevó «inesperadamente» al jefe de la Policía Judicial en Cataluña, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la investigación sobre el 1O, cuyas pesquisas fueron «cruciales» para condenar a los líderes del procés.