La imposición de dos candidatas de Bolaños aboca al bloqueo en el CGPJ

La imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la previsible y no muy lejana del exministro José Luis Ábalos Ábalos –una vez solicitado el suplicatorio–, en el caso de la Sala Segunda; o la anulación de nombramientos como el de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado o ascensos del fiscal general en la Tercera, son buena prueba de ello. El interés del grupo progresista del CGPJ en imponer a candidatas afines al Ejecutivo con la coartada de las cuotas puede condicionar de forma decisiva las negociaciones, que tendrán su momento álgido entrado ya el mes de diciembre.

El lunes termina el plazo para que los aspirantes a las presidencias de cuatro de las cinco salas del Alto Tribunal presenten sus candidaturas, y en el Consejo ya aventuran que el acuerdo entre vocales conservadores y progresistas será complicado. La división entre ambos bloques se da por segura, tanto como que será necesario que uno de ellos se rompa, pues los nombramientos precisan de 13 votos, y cada grupo sólo suma diez.

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Al igual que sucedió en julio en la carrera por la Presidencia del Supremo y del CGPJ, Ana Ferrer y Pilar Teso aparecen de nuevo como las candidatas favoritas de los progresistas para presidir dos de las cuatro salas, si bien el viernes la primera de ellas todavía no había cumplimentado el trámite, aunque sí anunciado en su entorno su intención de hacerlo. Una y otra fueron rechazadas en julio por los vocales del grupo conservador, que ven en ellas perfiles más marcados que los de sus contrincantes y rechazan la imposición de la paridad por encima del mérito y capacidad.

Los vocales establecieron en octubre que en la ponderación del conjunto de los méritos el CGPJ atendería a las previsiones contenidas en Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esta norma establece que todo nombramiento o propuesta debe garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento. Ahora bien, en esa ponderación se tienen que tener en cuenta las aptitudes gubernativas, la trayectoria profesional, la excelencia jurisdiccional, la experiencia acumulada en el Tribunal Supremo y en el orden jurisdiccional en cuestión, y las restantes actividades profesionales que hayan contribuido a incrementar las aptitudes necesarias para el desempeño de la plaza.

Pese a que los vocales no han decidido todavía cómo se aplicará esa ley de cuotas, si se hará sobre el centenar de vacantes pendientes, tribunal por tribunal o incluso por duración de los mandatos –para ello se ha encargado un informe al Gabinete Técnico del Consejo–, vocales del sector progresista se están movilizando para que la norma se aplique de forma independiente sobre las presidencias, de manera que dos de las cuatro vayan a parar a mujeres. Así lo sostienen vocales progresistas de la Comisión de Igualdad en un escrito que han enviado a la Comisión de Calificación.

La primera plaza en liza es la que deja Manuel Marchena en la Sala Segunda (la que investiga y juzga a los aforados) el próximo 5 de diciembre y que asumirá en funciones Andrés Martínez Arrieta por ser el miembro de Sala más veterano. El magistrado ha presentado su candidatura con la intención de enlazar ese periodo en funciones con un nuevo mandato, como quieren sus compañeros de la Sala Segunda, que destacan su máximo prestigio en la carrera, así como la serenidad y templanza necesarios para ese puesto, en el que ya se jubilará. Por su trayectoria –es el primero del escalafón y tiene a sus espaldas más de 2.000 sentencias–, es difícil poner una etiqueta a quien fue fundador de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Aspirantes a dos presidencias cruciales

Andrés Martínez Arrieta

Número uno del escalafón, el magistrado sustituirá a Marchena como presidente en funciones, pero aspira a ser elegido hasta su jubilación.

Ana Ferrer

Magistrada de esta Sala Penal y del tribunal del 'procés', la candidata de JJpD discrepa con la decisión de sus compañeros de no aplicar la amnistía a la malversación.

Pablo Lucas

Actual presidente en funciones de la Sala Tercera, el juez del CNI, de perfil progresista, es el preferido por los conservadores por su solvencia y currículo.

Pilar Teso

Miembro de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo es la preferida del grupo progresista para la sala que revisa actuaciones del Consejo de Ministros.

Ana Ferrer, que como Martínez Arrieta y Marchena también formó parte del tribunal del 'procés', es la candidata de Jueces y Juezas para la Democracia, asociación que ya defendió abiertamente en julio que la presidencia del Supremo debía recaer en una mujer para «reflejar la realidad de la judicatura española», donde representan más del 57 por ciento, un 70 por ciento en la última promoción. Ferrer, quien fue la primera mujer que integró la Sala Penal del Supremo, se ha desmarcado últimamente de sus compañeros en decisiones relativas al 'procés', como la de no aplicar la amnistía al delito de malversación. En un voto particular calificó los argumentos de la mayoría de «ficción jurídica» y «entelequia». Su mérito y capacidad para ese puesto se dan por descontado, pero dentro de la Sala señalan que Martínez Arrieta no tiene rival sencillamente porque «es el mejor», y precisamente uno de los compromisos que asumió Perelló fue el de premiar la excelencia.

La situación en la Sala Tercera, la que revisa decisiones del Gobierno, entre ellas los indultos, es parecida. En este caso quien está en funciones es el magistrado Pablo Lucas después de que el presidente, César Tolosa, saliera del Supremo para pasar a formar parte del Tribunal Constitucional. La magistrada Pilar Teso, favorita de Moncloa, ha dado un paso al frente y pretende competir en esta plaza con Lucas, juez del CNI, de perfil progresista e indiscutible solvencia. Hace apenas dos meses, con motivo de la elección de la presidencia del Supremo, Lucas y Teso se sometieron a tres votaciones en el CGPJ sin que ninguno de los vocales consiguieran inclinar la balanza para un lado ante el empeño de los progresistas en una mujer.

Teso, quien ejerció de asesora del Ministerio de Justicia en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y quien llegó a competir sin éxito ya en 2013 con Carlos Lesmes por la presidencia del CGPJ, suscribió un voto particular contrario a anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Cuestionó que la dedicación profesional del marido de la exministra, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, suponga un impedimento para el ejercicio del cargo. Llegó a advertir incluso que «la aplicación preventiva de una eventual incompatibilidad revista especial gravedad» y reprochó a sus compañeros que esgrimiesen el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como «un cajón de sastre» para sustentar una «incompatibilidad residual».

Los nombramientos para las otras dos plazas no parece que vayan a toparse con excesivas complicaciones. A la presidencia de la Sala Primera (Civil), que desde el 6 de abril ejercía en funciones el magistrado Francisco Marín Castán, se ha presentado sólo Ignacio Sancho, miembro de esta Sala desde el año 2012. Sancho ha sido miembro de la Red Judicial Europea y de la Red de Expertos en Derecho de la UE del CGPJ y académico de honor de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.

Respecto a la Sala Cuarta (Social), su presidencia lleva vacante desde que María Luisa Segoviano la dejara para incorporarse al TC tras su nombramiento en diciembre de 2022. Ocupó su puesto en funciones primero la magistrada Rosa María Virolés, y, desde el 18 de julio de 2023, Antonio Sempere. Si bien se esperaba que este último concurriera a la plaza, el viernes no lo había hecho. Sí Concepción Ureste y Juan Molins, miembros de la Sala, una de las más castigadas –con solo 6 de sus 12 magistrados– por la ley que maniató al CGPJ.