Del fiscal general al exministro Ábalos, las dos salas del Supremo en vilo
Su actuación respecto a los aforados y la posibilidad de anular actos del Gobierno resultan cruciales
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Si hay dos salas en el Tribunal Supremo cuyas decisiones pueden tener un impacto importante en el Ejecutivo esas son la Sala Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. Aunque a la primera de ella llegan todo tipo de procedimientos penales en casación, es también ... la encargada de unificar doctrina cuando hay interpretaciones contradictorias por parte de varios tribunales en la aplicación de una ley –sucedió con el «solo sí es sí»– y de investigar y, en su caso, juzgar a los aforados, entre ellos al presidente y ministros del Gobierno, a diputados y senadores nacionales o al propio fiscal general del Estado. La Sala Tercera, por su parte, tiene la capacidad de anular actos administrativos y normativos contrarios a la ley, lo que incluye nombramientos y otras decisiones del Ejecutivo, como los indultos, cuando carecen de motivación o son arbitrarios. Estos son algunos de los procedimientos abiertos en estos momentos en los que el Gobierno se la juega.
El paseíllo del exministro Ábalos
Esta misma semana la Sala Penal del Supremo ha abierto causa penal al exministro de Transportes José Luis Abalos al ver en él indicios de delitos de corrupción y pertenencia a organización criminal en relación al caso Koldo, la trama de las mascarillas durante la pandemia. Todo apunta a que, una vez que el instructor Leopoldo Puente tramite el suplicatorio del diputado, quien fue mano derecha del presidente, Pedro Sánchez, nadie le librará del 'paseíllo' para ir a declarar como imputado. Lo que revele sobre su presunta participación en esa trama podría salpicar a otros miembros del Gobierno que, ya sea como imputados o testigos, podrían tener que responder también ante esta Sala.
La imputación del fiscal general
Álvaro García Ortiz, propuesto por el Gobierno de Sánchez hasta en dos ocasiones (primero para sustituir a Delgado tras su cese y luego para iniciar un mandato propio) es el primer fiscal general que investiga el Tribunal Supremo, que hace unos días acordó la entrada y registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos, entre ellos sus móviles personal y profesional. Se le imputa indiciariamente un delito de revelación de secretos en relación con datos reservados relativos al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno y la gestión de la DANA
Como sucedió con la gestión de la crisis sanitaria del Covid, es en esta Sala Segunda donde están aterrizando las denuncias y querellas contra la actuación negligente u omisiva del presidente y ministros del Gobierno. Los magistrados tienen que decidir sobre la admisión de estas denuncias, interpuestas por particulares, asociaciones o fundaciones que alegan un interés directo en la causa.
Política de nombramientos
La Sala Tercera tiene sobre la mesa la impugnación del nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado y también el segundo ascenso de Dolores Delgado (tras la anulación del primero) a la jefatura de la Fiscalía de Memoria Democrática. A los magistrados de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo no les ha temblado el pulso al anular nombramientos por «desviación de poder», falta de motivación o , como sucedió con la expresidenta del Consejo del Estado Magdalena Valerio, por no ser idónea para el cargo. Es también allí donde acaban los recursos contra los indultos del Gobierno.
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