Las acusaciones del caso Hidrocarburos y Vox presentan denuncias contra Leire Díez, 'fontanera del PSOE'

Iustitia Europa acaba de presentar denuncia en en los Juzgados de instrucción de guardia de Madrid, apuntando a la posible comisión por parte de Díez de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, cohecho y organización criminal y Hazte Oír también ha anunciado que lo hará esta mañana, tras conocer las gestiones de Leire Díez, que se habría reunido con abogados y empresarios para recabar información contra Aldama, como publica este martes ABC. La asociación ha anunciado que presentará «hoy mismo denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid al no estar Díez aforada».

«Es un deber poner en conocimiento de las autoridades penales lo que todos hemos escuchado. En una situación tan crítica para España y en la que los casos judiciales rodean al entorno de Pedro Sánchez, todo esto debe investigarse y por eso actuamos como los españoles nos piden».

Díez, militante del PSOE, participó en una videoconferencia en febrero con el empresario de los hidrocarburos Alejandro Hamlyn y con el empresario Javier Pérez Dolset, que iba de tándem con ella, en la que estos dos últimos ofrecieron al primero un «pacto con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía», según la reunión adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso ABC.

A cambio, quería información para terminar con la carrera del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, el responsable de las investigaciones de los casos Ábalos, Begoña, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado. «Necesito a Balas ahora», dijo la 'fontanera' del PSOE en la citada reunión. Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, explica las claves del caso de Leire DíezABC

En su denuncia, consultada por ABC, Iustitia Europa se refiere a las noticias publicadas por distintos medios y recoge la supuesta reunión de Díez y el empresario de hidrocarburos en la que éste habría dicho: «Si Balas está muerto, mejor», afirmando que «esta declaración se enmarca en una supuesta operación clandestina organizada para desacreditar a la UCO, unidad que ha estado investigando casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español y a otras personalidades cercanas al mismo. Estas acciones podrían constituir delitos graves, incluyendo amenazas contra un miembro de las fuerzas de seguridad, obstrucción a la justicia yorganización criminal, entre otros, y evidencian la necesidad de una investigación judicial para determinar las responsabilidades correspondientes».

La asociación pide ya diligencias al juez que correspondiera investigar, si es que se admite la denuncia, como requerir copia íntegra de los audios originaes, las grabaciones completas sin editar en las que aparece Leire Díez u otros implicados, las transcripciones utilizadas por los redactores de las noticias y cualquier material documental o digital del que hayan dispuesto para publicar.

Por su parte, Vox ha presentado querella también en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la militante del PSOE y las tres personas con las que se reunió (Javier Pérez Dolset, Alejandro Hamlyn y Jacobo Teijelo) apreciando indicios de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia y pidiendo personarse en la causa como acusación si es que esta se abre, así como a Balas como perjudicado.

El partido de Santiago Abascal subraya en su querella que Balas dirige investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción vinculados al entorno del presidente del Gobierno, como el conocido 'caso Koldo' o las diligencias sobre Begoña Gómez, por lo que parece evidente que el «intento de desacreditar a este mando de la Guardia Civil por parte de personas cercanas al PSOE constituye un grave ataque a la independencia judicial y a la integridad de los cuerpos policiales».

Fuentes del Partido Popular, también acusación en el caso de Hidrocarburos contra Aldama y en la investigación abierta a Ábalos en el Tribunal Supremo, califican los encuentros en los que participó Leire Díez y también el abogado penalista Jacobo Teijelo, defensor del narcotraficante Sito Miñanco, de «extorsión».