Guerra de cifras en la huelga indefinida de letrados judiciales: hablan de un seguimiento de un 83% frente al 28% de Llop

Las diferencias entre ambas partes parecen a día de hoy irreconciliables, más aún después de las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, el lunes, arremetiendo contra este colectivo y acusándoles de ir a la huelga por «motivos políticos», de no representar los derechos de los trabajadores y de «tomar a los ciudadanos como rehenes».

Las consecuencias del paro de estos funcionarios, directores de la oficina judicial y que desde hace años asumen ya funciones que estaban en manos del juez sin que se les haya compensado por ello, según denuncian, ya se han empezado a notar con la suspensión de vistas en todo el territorio nacional, pues son ellos los encargados de dar fe de las mismas. Ya habían advertido de que la huelga obligará a suspender más de 9.000 juicios al día y bloquearía ingentes cantidades de dinero en los juzgados destinadas, por ejemplo, al pago de pensiones. Llegaron a pedir la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Si bien sigue sin producirse el más mínimo intento por parte de la ministra Llop de resolver el conflicto, y no obstante haber rechazado los ofrecimientos de mediación propuestos, el comité de huelga y las asociaciones convocantes volvemos a tender la mano para poder alcanzar una solución satisfactoria. En manos de la señora ministra está que la Administración de Justicia recupere la normalidad lo antes posible, lo que pasa por apartar al secretario de Estado tras sus gravísimos ataques contra un colectivo de servidores públicos«. »Rodríguez se ha convertido en una parte importante del problema«, señalan este martes en una nota.

En una rueda de prensa, el número dos de la ministra cargó contra este colectivo, que gana, dijo, un 14,76 por ciento más este año que el año pasado y entre un 70 y un 140 por ciento más que cualquier funcionario del Estado de su misma categoría. «Cualquier reclamación del colectivo está fuera de lugar», sentenció. Las tres asociaciones profesionales (la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia) acusan al secretario de Estado de falsear las cifras y de mentir.