El Gobierno renuncia a presionar a Londres para un pacto sobre Gibraltar

El Gobierno español, que no negocia directamente aunque tiene que aprobar cualquier movimiento que pretenda dar la Comisión Europea, parece empeñado en dejar pasar el tiempo, sin afrontar una situación muy delicada para Europa y que hasta ahora solo satisface a los gibraltareños.

La nueva ronda de negociaciones hace la número 16 desde que se empezó a buscar una solución para esta colonia británica que ha perdido su condición de territorio europeo y cuya soberanía ejerce un país que no forma parte del territorio Schengen. Eso significa que la frontera con el resto de España debería contar con un estricto control de pasaportes y mercancías, como con cualquier país tercero. Las negociaciones en Bruselas han sido precedidas por un encuentro entre los secretarios de Estado español y británico, como preparación de la nueva ronda en la que formalmente negocia la Comisión Europea.

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido recientemente en que todo depende de la «valentía» de los británicos a la hora de aceptar el acuerdo que tienen sobre la mesa. «Yo animo al Reino Unido a dar ya definitivamente con valentía ese paso y aceptar ya el acuerdo» que ha propuesto la Comisión y que prevé que la colonia británica se convierta en territorio Schengen, aunque bajo la protección o el patrocinio de España.

Las declaraciones de Albares ayer en Madrid se refieren a una fórmula que permitiría a los gibraltareños circular libremente no solo en España sino en todo el territorio Schengen, pero a cambio las autoridades españolas deberían controlar a los viajeros que llegan a este territorio, incluso los que vienen desde Londres, algo que los responsables de la colonia han dicho que no aceptarán jamás. España ha propuesto que durante un periodo transitorio de cuatro años esa labor no la llevarían a cabio policías españoles con su uniforme, sino agentes europeos con uniforme de la agencia Frontex, aunque la mayor parte sigan siendo españoles.

Según Albares, se trata de un acuerdo «generoso, que es equilibrado y que es bueno para Gibraltar y para el Campo de Gibraltar» para que «haya una libre circulación de personas, una libre circulación de mercancías», lo que significaría la desaparición total de la Verja, pero al mismo tiempo implica «un uso compartido del aeropuerto», lo que incluye que la Policía española (o europea) debería poder controlar a los pasajeros que llegan desde fuera de la zona Schengen.

La Comisión reconoce que hasta ahora no ha habido ningún avance sustancial en estos años de negociaciones, salvo el hecho de que se han producido de forma tan civilizada como estéril. En esta decimosexta reunión se han previsto tres días de reuniones, lo que habría podido inducir a la idea de que se intuye que es posible que se llegue a un acuerdo ahora, pero según fuentes de la Comisión la realidad es que «no hay nada nuevo» ni sobre la mesa ni en los cajones y remiten a las autoridades españolas a la hora de dar más explicaciones. En el caso de las fuentes diplomáticas españolas en Bruselas, insisten en que la posibilidad de un acuerdo «depende del Reino Unido, que si hace lo que tiene que hacer entonces tendremos un acuerdo».

Los comentarios de la Comisión dan a entender también que España no ha hecho nada para presionar a los británicos y a los gibraltareños para forzar una solución. En realidad, en ausencia de esas nuevas reglas, la Verja de Gibraltar debería tener controles estrictos de pasaportes, porque de otro modo se convierte en una puerta falsa para entrar en el territorio Schengen.

Pero el Gobierno no quiere problemas con los ayuntamientos del campo de Gibraltar, entre los que hay muchos alcaldes socialistas, y prefiere dejar transcurrir el tiempo, a pesar de que en realidad estamos ante una oportunidad histórica para hacer avanzar las cosas en favor de una solución razonable que si bien no entra en la discusión sobre la soberanía, al menos representaría un paso de gigante para los intereses españoles.

Cuando tanto España como el Reino Unido formaban parte de la UE, la Comisión Europea se tenía que limitar a intentar evitar el conflicto entre Madrid y Londres sin pronunciarse a favor de ninguino de los dos países. Desde que el Reino Unido ya no es miembro de la UE, los intereses de España son ahora los de la UE en su conjunto, lo que constituye la circunstancia más favorable para cualquier Gobierno de Madrid desde que hay memoria. Pero el actual sigue actuando como si no fuera así.

La Comisión Europea se siente descartada de responsabilidades ante la actitud del Gobierno español y también se está acomodando a la eternización del problema. Por un lado no hay ningún plazo para resolver esta situación y respecto a los problemas de seguridad, en Bruselas consideran que se trata de un «riesgo menor» teniendo en cuenta la experiencia de la Policía española en esa frontera.

La cuestión podría complicarse aún más -o no- si tenemos en cuenta que el Gobierno conservador de Londres está viviendo un periodo de extrema debilidad y todo el mundo da por hecho que habrá elecciones anticipadas que todas las encuestas prevén que ganarán los laboristas. No es probable que un gobierno socialdemócrata cambie la posición esencial sobre la soberanía, pero indudablemente la personalidad de un nuevo responsable de Asuntos Exteriores podría tal vez mover las cosas. O, por el contrario, los conservadores podrían intentar revivir el espíritu rupturista del Brexit para animar a sus propios votantes en la campaña electoral, con una dosis de nacionalismo extravagante con su resistencia a las pretensiones españolas, es decir europeas, ante la colonia.