El Gobierno sí hace las pruebas de edad a los niños que piden asilo y debe tutelar el Estado

El Estado, según denuncian esas fuentes, entre las cuales el propio Gobierno de Canarias, sí realiza pruebas a todos los que dicen ser menores y van indocumentados que piden acogerse al sistema de protección internacional ya que en este caso es la propia administración estatal la que debe hacerse cargo de ellos. En este sentido, indican varios funcionarios que trabajan en la atención y en la reubicación de estos menores, «todo se mira con lupa». «Hasta que no se tiene toda la documentación, bien sea la oficial del menor o la prueba de edad que determina su vulnerabilidad, no se procede a su derivación» añaden.

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Joan Guirado

Ese proceder es bien distinto en el caso de los supuestos niños que, cuando pisan España por primera vez, no solicitan asilo y por tanto son derivados automáticamente a los servicios sociales de la comunidad autónoma. En este caso, tal como reveló este jueves ABC, les basta con decir que son menores de edad y que va indocumentados para que su expediente entre en el sistema de acogida. Aunque la mayoría de rescates se producen en alta mar, el Estado los traslada a los territorios más cercanos, bien sea Canarias o Baleares, y allí los pone a disposición de las autoridades regionales sin antes comprobar la veracidad de la edad, como sí hacen con aquellos niños que piden estar protegidos por ellos.

En el caso canario, el que más personas recibe semana tras semana a través de la ruta atlántica, exigen al Gobierno que se les haga esas pruebas a todos los menores que van indocumentados. Quieren además que sea el Estado el que se encargue de costear estas pruebas, alrededor de 150 euros por menor, ya que consideran que «una vez rescatados los traen aquí por ser el lugar más cercano, pero los podrían llevar a Andalucía o Madrid, por lo que no son nuestra responsabilidad.

En Baleares, por su parte, un acuerdo entre el Govern, los consejos insulares y la fiscalía de menores provoca que además de la prueba ósea estipulada se les realice también una prueba complementaria dental. El hecho de que el número de menores que llegan al archipiélago sea menor, tanto respecto a los solicitantes de asilo como a los no solicitantes, permite a las autoridades autonómicas poder tener un mayor control sobre las entradas, algo que en Canarias exigen que haga el Estado.

El Gobierno de Canarias sigue señalando al Estado como el responsable del traslado frustrado de un mayor de edad a la Península. Se trata del primer joven que llegó a Canarias, en concreto a Órzola (Lanzarote), tras la declaración de la contingencia migratoria.

Desde la administración autonómica, a la que ayer el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, culpó de haber incluido al hombre pese a tener 19 años y no 17 como se decía en su expediente, aseguran que «visto lo visto no se leyeron el informe».

Fuentes del Ejecutivo canario denuncian que «no enviaron en tiempo y forma la resolución de reubicación y, cuando la envían, ellos no refieren la mayoría de edad aunque sí constaba en el informe». Recuerdan, en este punto, que «los adultos son del Estado».

Pese a que en la documentación que se remitió desde la consejería ya se hacía constar su edad real, insisten en el gabinete de Fernando Clavijo que «no es nuestra función demostrar la minoría de edad, cuando es el propio Estado el que envía el supuesto menor a Canarias».

En los casos, como este, en los que la llegada se produzca dentro de la contingencia migratoria, algo que ocurrirá de aquí en adelante teniendo en cuenta la aprobación del real decreto de ocupación a finales de agosto, todo aquel que se determine como menor a su llegada a suelo español debe ser dirigido de forma automática al sistema de distribución 'exprés' para que salga a la Península en máximo 15 días.