El Gobierno lleva a Aragón ante el Constitucional por negarse a colaborar en el reparto de menores inmigrantes

La ministra portavoz y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha sido la encargada de dar la noticia durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Ejecutivo de Jorge Azcón a facilitar los datos que requirió el Ministerio de Juventud e Infancia para hacer cálculos sobre la capacidad ordinaria de acogida de menas en cada comunidad autónoma y así hacer una propuesta de reparto.

Según el decreto ley aprobado hace dos meses, las comunidades autónomas estaban obligadas a facilitar al Gobierno central dicha información antes del 31 de marzo. Vencido ese plazo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cargó con dureza contra el Ejecutivo de Azcón por no colaborar para realizar una «propuesta de reparto solidario» entre todos los territorios. Fuentes del Gobierno aseguran que esta negativa de Azcón responde a una estrategia política. «En Vox les pidieron que escenificaran un rechazo a esta medida, y es lo que están haciendo».

El Gobierno ha respondido presentando un conflicto positivo de competencias por no atender a las exigencias de colaboración de obligado cumplimiento que recoge el decreto ley pactado con las fuerzas nacionalistas por el que se reforma la ley de Extranjería para hacer la acogida de infancia inmigrante algo estructural, que no voluntario como antes.

La negativa a colaborar por parte de comunidades gobernadas por el Partido Popular era un movimiento anunciado que ya se temían en el Gobierno antes incluso del anuncio del decreto. El propio titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya retó a las comunidades autónomas a enviar sus datos de acogida actualizados «con fe de funcionarios públicos» para acreditar la saturación en los centros de acogida que alegan varios territorios.

Preguntado en varias ocasiones si habría represalias contra los gobiernos regionales si decidían no colaborar, como es el caso de Aragón, Torres respondió que el decreto toma rango de ley, por lo tanto de no acatar se tomarían medidas y serían los propios ministerios pertinentes, Migraciones, Juventud, Interior y Política Territorial, los que accederían a la información de los territorios que se nieguen colaborar.